El Gobierno nacional venía anunciando la retirada desde hace más de un año y finalmente la decisión se concretó. El ministro de Salud, Mario Lugones, justificó la medida inédita bajo el argumento de que el país «recupera soberanía sanitaria».
El Poder Ejecutivo prevé enviar al Congreso un proyecto para modificar puntos claves de la normativa vigente, con foco en internaciones involuntarias y creación de centros especializados.
Asimismo, apuntaron contra el interventor de la institución, Mariano Pirozzo, y el ministro de Salud, Mario Lugones, por las sanciones y por “improvisar causas que no tienen pies ni cabeza” con el objetivo de sacar el foco de las situaciones “importantes” que sucedieron en el Hospital “y tapar otras que están pasando en la órbita del Ministerio”.
Los afectados son tres adultos y un menor, todos sin antecedentes de vacunación, que participaron de actividades sociales en Bolivia y volvieron al país, por vía terrestre.
También anunció que “antes de la feria judicial se sabrá el número final de víctimas fatales y no fatales”.
