Con el objetivo de abordar esta problemática, la provincia implementó medidas de prevención contra el juego compulsivo, especialmente en niños y jóvenes, que ordena bloquear y dar estándares de ordenamiento de los sitios de internet y dominios web.
El relevamiento detalla qué cantidad de crímenes fue ejecutada por encargo; el método que más se utilizó para llevar a cabo de los ataques; y la edad y el género de las víctimas.
La denuncia presentada en Fiscalía por parte del Ministerio de Gobierno de la provincia describe la venta de un inmueble de calle Richieri al 100, solicita que se investigue si se cometieron irregularidades en una operación inmobiliaria que involucra a una entidad de bien público.
En una resolución firmada por la fiscal general María Cecilia Vranicich, Iribarren fue reemplazada, solo en el distrito de Rosario, por el fiscal regional de Venado Tuerto, Matías Merlo. El texto refiere a «múltiples conflictos existentes entre los fiscales que ponen de manifiesto un ejercicio de la autoridad sin una conducción ecuánime e igualitaria». La resolución es, en principio, por seis meses, pero el plazo es prorrogable.
Los diputados santafesinos Matilde Bruera y Carlos del Frade cuestionaron los resultados que la ley de narcomenudeo –que permite que las justicias provinciales intervengan en causas vinculadas al consumo de drogas– tuvo en los distritos que la aplicaron, y aseguraron que la misma no controla el lavado de dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes y facilita el vínculo entre las bandas y la policía.
