El sistema pondrá foco en los delitos en desarrollo y agilizará las directivas de investigación. Se pone fin a la comunicación directa entre policía y fiscal y se pasa a un procedimiento estandarizado.
La puesta en vigencia de la norma aprobada por el Congreso fue autorizada por el juez federal de Garantías, Eduardo Rodrigues da Cruz, por el pedido del Ministerio de Seguridad y de fiscales locales.
El 96% de los agresores ocupa cargos superiores y en promedio tienen 16 años más que sus víctimas, según un relevamiento de la Unidad Fiscal Especializada en Violencias contra las Mujeres.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) argumentaron que, por las altas condenas pedidas, existe riesgo de fuga o de eludir la Justicia por parte de los imputados.
«Se trata de una investigación que va teniendo una buena dirección y esperamos que pueda tener también buenos resultados en estos días», dijo Jorge Baclini.
