La organización Human Rights Watch aseguró que el operativo migratorio impulsado por la administración de Donald Trump derivó en detenciones masivas, uso excesivo de la fuerza y prácticas de discriminación racial. Más de 4.000 inmigrantes fueron arrestados, la mayoría sin antecedentes penales.
El gobernador Tim Walz denunció “otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales” y exigió a Donald Trump que retire las fuerzas desplegadas, mientras manifestantes levantaron barricadas contra el ICE.
Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump insiste en su retórica y política anti-inmigratoria al desplegar a los efectivos del ICE, la policía antinmigrantes estadounidense, en las múltiples protestas que se están produciendo en todo el país tras la intervención militar en Venezuela.
En un documento de 83 páginas, la magistrada les ordena a los agentes de inmigración que reduzcan sus tácticas agresivas, prohibiéndoles detener o arrestar a manifestantes y conductores pacíficos o usar gas pimienta contra ellos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene 72 horas para cumplir con este requerimiento.
También trató de «políticos corruptos» a las autoridades de ese distrito por no avanzar sobre las protestas contra su fuerza anti-inmigratoria, que hace una semana asesinó a una mujer estadounidense y recientemente hirió de bala a un hombre venezolano.
