El sistema de deducciones del Impuesto a las Ganancias y las aclaraciones en la incorporación del grupo familiar para los aportes de obra social del Monotributo son los dos cambios que reglamentaron desde Casa Rosada.
"Lo único que cambió en el último tiempo es que recibieron permisos para aumentar las cuotas", advirtieron desde la organización Acción del Consumidor.
En su regreso al país luego de su visita a los Estados Unidos, el ministro de Economía recibió una comitiva de la central sindical y les aseguró que la suma quedaría plasmada en el presupuesto de 2023.
La delegación de la organización gremial estuvo encabezada por Pablo Moyano y por Omar Pérez, dirigente de la Federación de Trabajadores Camioneros, Mario Manrique de Smata, Cristian Jerónimo, del sindicato del Vidrio, Omar Plaini del sindicato de Canillitas y Pablo Flores de AFIP.
La medida, tomada a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, fue publicada hoy en el Boletín Oficial e implica un acuerdo alcanzado con el Banco Nación por el que se bonificará los préstamos con hasta 3 puntos porcentuales sobre la tasa de interés nominal anual.
Durante la protesta, referentes del sector se quejaron porque “no se está cumpliendo con la Ley Nacional de Discapacidad”. Le dijeron a Conclusión que el aumento otorgado por el nomenclador nacional de un 35% en dos pagos “parece una tomada de pelo”.
El representante de los mismos, Pablo Bolego, aseguró que el PAMI les "ha robado el dinero en un contexto de pandemia porque se ha quedado con el 80 % del módulo prestacional en esos meses". Si no tienen respuesta, prometen una "gran movilización al Monumento".
El referente de la organización gremial sobre el tema, José Luis Lingeri, expuso que la mayor parte de lo que recaudan las obras sociales “se la llevan los tratamientos por discapacidad” y que hablaron con el presidente Fernández “pero no pasó nada”.
En un comunicado, la central obrera recalcó que la designación del Covid-19 como “enfermedad no listada” arrastra inconvenientes. Demandó que la atención debe ser “inmediata e integral”.
La ley 27.196 establece la obligatoriedad por parte de las obras sociales y empresas de medicina prepaga a cubrir el costo de las harinas y premezclas u otros alimentos industrializados certificados como libres de gluten para quienes padecen esta enfermedad.
Los gremialistas esperan por $4.000 millones adeudados de 2021 y se preparan para un tironeo duro con Economía por nueve veces ese valor en aportes extraordinarios del Tesoro.
La decisión se formalizó por medio de la Resolución 2163/2021 de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicada este lunes en el Boletín Oficial.