El pago, que rondó los US$1.900 millones, se realizó con los recursos que el país recibió hace un mes de parte del FMI, por la ampliación de los derechos especiales de giro (DEG).
El país prevé pagar 1.900 millones de dólares al FMI, mientras que el presidente Alberto Fernández insistió ante líderes mundiales con el cambio de deuda externa por acciones para contrarrestar el cambio climático.
Esta cifra implicó una mejora respecto del promedio de los tiempos de resolución de expedientes judiciales ya que hace dos años, en los primeros ocho meses de 2019, "sólo el 6 por ciento" de las sentencias pudo resolverse en en ese lapso, destacaron oficialmente.
El titular de Bryn Real Estate, que opera en CABA, explicó a Conclusión con estadísticas a la mano, que a pesar de la situación excepcional que se vivió en Argentina producto de la pandemia y de los DNU del PEN, gradualmente todo se va normalizando.
"Nadie puede obligarlos" a vacunarse, pero tampoco "insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores", dijo Funes de Rioja.
La empresa aclaró que realizó esta propuesta para “cumplir con el acto procesal perentorio”, ya que el próximo 3 de septiembre vence el plazo para que la firma manifieste su esquema de pago. Los acreedores, en tanto, calificaron a la oferta como “inaceptable”.
Para el economista, docente e investigador de la Universidad de la Plata, el gobierno es quien tiene que marcarles la cancha a los que especulan. Sin embargo, descree que sea posible que Alberto Fernández de un giro de timón y oriente la Argentina, para obtener más independencia del sector externo.
La misma aprobó el procedimiento de pago a cuenta de $ 2.364.028.825 a 229 agentes del seguro de salud, con saldos pendientes, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (SUR).
De esta manera, los monotributistas no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618.
El monto ronda los $7.000 por hijo e, inicialmente, será cobrado por 743.000 titulares que hayan cargado la declaración jurada antes del 30 de abril en la aplicación Mi Anses.
En negociaciones con Faecys, estas empresas se comprometieron a abonar los salarios adeudados por los que días atrás hubo conflictos. Ahora, el problema recrudece a raíz de que esos haberes fueron liquidados bajo el concepto de suspensiones del art. 223 bis.
Se trata de un trabajador que presenta una patología cardíaca y, amparado por decretos nacionales, no asiste a su puesto de trabajo desde marzo del 2020. La empresa lo consideró en período de reserva de puesto –con lo cual se eximía de pagarle el salario- pero la Justicia ordenó que el empleado reciba una “compensación no remunerativa”.