Las personas que concurren a los bares de la zona cantan y gritan hasta altas horas de la noche y no permiten el descanso de las familias que habitan el barrio. Advierten que tampoco hay personal municipal que controle el cumplimiento de los protocolos sanitarios.
La víctima de 26 años denunció que fue introducida por la fuerza a un vehículo, le vendaron los ojos y fue ultrajada por un hombre mientras otro seguía conduciendo, Luego fue liberada en el mismo lugar en el que fue raptada.
El reclamo se llevó a cabo en la zona gastronómica del bulevar Oroño, en reclamo para poder realizar actividades sin restricciones, luego del anuncio del gobierno santafesino este viernes, que decretó el horario de cierre a las 19.30 desde este sábado.
Un hombre la llamó por teléfono, se hizo pasar por su hijo y le dijo que tenía que cambiar el dinero antes que perdiera valor. La víctima entregó todos sus ahorros a una persona que llevaba un uniforme de Prosegur, la conocida empresa de seguridad.
En diversos operativos realizados anoche, la Secretaría de Control y Convivencia municipal procedió al cierre preventivo de un centro de estética en zona oeste y un local de comidas de Pichincha.
Agentes de la Secretaría de Control y Convivencia intervinieron ante el registro de ruidos provenientes de una vivienda en Brown al 2400. Obligaron a abandonar el lugar a unas 50 personas.
Los habitantes de la zona se reunieron con concejales de Rosario, como vienen haciéndolo desde hace varios meses, para tratar distintas problemáticas del barrio.
En ese período, se remitieron 1556 vehículos al corralón municipal, 926 de ellos son motos y se labraron 8551 actas por diversas infracciones.
Los habitantes de la zona sostienen que empresarios gastronómicos deliberadamente han extirpado ejemplares que impedían que pueda utilizarse la vereda para la colocación de mesas.
Fue organizado por un grupo de sacerdotes de barrios populares, Cáritas y laicos en un galpón de la Parroquia Inmaculada Concepción.
El intendente de Rosario se refirió a los operativos que montarán en los barrios más concurridos por los rosarinos en esta época del año y afirmó que "se ha avanzado la renovación del convenio de la presencia de las Fuerzas Federales en la ciudad".
Lo dispuso el juez en lo Civil y Comercial, Pedro Boasso al observar "las graves y reiteradas violaciones" a las normas de convivencia.