Este lunes, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a una acción de amparo y determinó que el violento proceder tiene vicios en su conformación legal. Para el juez, el Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución Nacional reserva de manera exclusiva para el Poder Legislativo, afectando así la división de poderes.
De acuerdo con los registros de organizaciones de derechos humanos, entre 2024 y 2025 se contabilizaron al menos 2.557 personas afectadas por el uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza, incluyendo impactos de balas de goma en cabeza y rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y violencia física generalizada.
Como todas las semanas, las fuerzas de seguridad activaron el protocolo anti piquetes en la zona y desplegaron un desmedido operativo de seguridad, atacando a manifestantes.
Los adultos mayores reclamaron por aumento de haberes y contra el recorte de medicamentos y el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un incremento en los ingresos del sector. Nuevamente, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía Federal utilizaron palos y gases para dispersar la protesta.
Palos y gases fueon los elementos utilizados por las Fuerzas de Seguridad nacionales para amedrentar a los adultos mayores, que reclaman por aumento de haberes y derechos básicos vulnerados.
