jueves, 23 de mayo de 2019
El legislador macrista, sostiene que su iniciativa se funda en la necesidad de "terminar con la impunidad cumpliendo con el mandato internacional de investigar y sancionar a los culpables de crímenes de lesa humanidad.
El expediente, aprobado por mayoría reglamentaria, es una declaración en apoyo a la octava presentación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”, en el Congreso de la Nación. Así, quedó de manifiesto la posición de cada una de las bancadas del Palacio Vasallo.
La participación de Cristina Fernández de Kirchner de la Mesa Política del PJ Nacional abrió no pocos interrogantes. Lo que es seguro que conmocionó el tablero político en un año que promete sorpresas.
La iniciativa tuvo como autoras a las legisladoras nacionales Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada este martes y alcanza a los gobiernos provinciales y municipales. Los controles serán anuales si la norma se aprueba.
Será este martes en Diputados. El proyecto fue presentado por el santefecino Luciano Laspina y secundado por los diputados Marcos Lavagna y Juan Brugge.
La iniciativa del legislador llegó "tras la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal de rechazar la recusación que el fiscal Carlos Stornelli planteó sobre el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla".
La diputada nacional del Frente de Izquierda en la Cámara baja, precisó que su iniciativa supera la solución que se intenta dar con la Ley Emergencia para los deudores de créditos hipotecarios.
La ausencia de los dirigentes sindicales se interpretó como una manifiesta oposición al proyecto presentado por la Alianza Cambiemos. A esta altura se duda si realmente había consenso entre el movimiento obrero y el ministerio de Trabajo.
El organismo indicó además que tras haber caído 2,5% en 2018, el PBI del país anotará en 2019 una baja del 1,2% para recuperarse recién en 2020 con una expansión del 2,2%.
En la Argentina, un 35% de los trabajadores se encuentra en la informalidad. Esto significa que 1 de cada 3 de ellos no cuenta con cobertura de Seguridad Social ni de salud. No tiene un salario de convenio ni asegurados sus derechos.
El pedido surgió dada la “evidente falta de alimentos, en cantidad y calidad adecuadas, para gran parte de la población, en especial los niños, niñas y adolescentes, y en conocimiento del daño irreversible que esa falta produce sobre su salud actual y futura”.
El concejal peronista comparó aquel momento histórico con la actualidad argumentando que "los actores son similares. Tenemos un grupo de personas que se creen que son los dueños del país y que pueden hacer lo que quieran con el".