La normativa actual los exime a los adolescentes hasta los 16 años. El oficialismo plantea que puedan recibir sanciones penales por delitos desde los 13.
Distintas agrupaciones se encuentran en alerta ante una iniciativa que crea un ente administrador de operaciones inmobiliarias con bienes estatales. Piden que se excluya a las islas de esta normativa.
Respecto de las consecuencias sobre la salud, el diputado Eduardo Valdés,precisó en su iniciativa que estudios médicos, han evidenciado los efectos severos que incluyen ceguera temporal de 15 a 30 minutos, ardor en la piel por 45 a 60 minutos, espasmos de la parte superior del cuerpo y tos que dificulta la respiración y el habla.
El proyecto enviado por el Gobierno Nacional destaca que la Ley N°22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal.
El oficialismo argumenta en que se debe bajar la edad de imputabilidad para que no queden impunes algunos delitos penales y se espera que sea tratado lo antes posible.
Para la legisladora santafesina, "el gobierno prioriza el equilibrio fiscal a costa de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y continua con el desguace brutal del Estado".
Al cruce de la iniciativa del oficialismo salió el diputado nacional Cristian Castillo quien considero que "no es un proyecto anti mafias, sino que habilita un tipo de persecución política del cual hemos tenido un anticipo durante el tratamiento de la Ley Bases".
La aprobación de la Ley Bases pone en peligro un organismo autárquico indispensable para la búsqueda efectiva de personas desaparecidas y la restitución de sus identidades ante la justicia.
Tras 6 meses de tratamiento, este martes en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de Diputados, el proyecto de Javier MIlei se encamina al recinto. También se confirmó la exclusión de Aerolíneas, el Correo y RTA de la lista de privatizaciones.
El gobernador santafesino, junto con pares de otras provincias, visitará la Casa Rosada para definir la continuidad de proyectos paralizados. El jueves será la votación de la norma.
"Mientras que en algunos barrios de la ciudad de Rosario no tienen acceso al agua, hay edificios del microcentro que usan la red de agua potable para llenar sus piscinas". En este sentido la concejala Fernanda Gigliani reforzó en el Concejo Municipal su proyecto, presentado hace unos meses, para tener un real control del uso de agua potable.
El legislador nacional de la Democracia Cristiana de Córdoba presentó una iniciativa de ley que busca establecer un marco legal que promueva el uso responsable de esta novedosa herramienta.