Los habitantes de ese barrio se congregaron para pedir el cese de la situación de la extrema violencia que vive Rosario y exigieron intervención del Estado para encontrar la solución.
Según el sindicato, el paro, en reclamo de mejoras salariales, se realizó con "alto acatamiento", en distintas ciudades del país.
Un gran número de personas se concentró en la puerta de la sede de Gobierno en Rosario para exigir justicia ante asesinatos en ocasión de robo. Permanecerán “hasta ser atendidos”.
Familiares y amigos del joven baleado el 6 de febrero en Garibaldi al 3700 se concentraron frente al Centro de Justicia Penal.
Manifestantes exigieron que se otorguen más planes, ya que aducen que son cada vez más las personas que los necesitan para subsistir.
Después de que la Justicia federal de Rosario resolviera una medida cautelar en diciembre, desde la entidad oficial “lo único que han hecho fue dilatar la cuestión”. Los empleados temen por su continuidad laboral debido al posible cierre de la empresa.
Gendarmería detuvo a tres de los manifestantes, que impedían el acceso al puerto de Rosario. También hubo gases lacrimógenos.
La justicia redujo un monto que debía pagar la empresa, por lo tanto, esta semana se presume que vuelva a ponerse en marcha la compañía. Unos 200 trabajadores se veían afectados de forma directa, y cerca de 3.500, de manera indirecta.
A pesar de que el reclamo con la empresa se resolvió, el puerto continúa parado por la protesta de un grupo que fue despedido, según el propio gremio, con causa por manifestaciones violentas.
Este jueves a la mañana uno de los cinco empleados que no fueron reincorporados se encadenó frente a una de las portones de ingreso a la Terminal Puerto Rosario, ubicada en Cerrito y avenida Belgrano. Por la tarde los trabajadores junto con sus familias convocaron a una rueda de prensa en el lugar.
Dos juzgados se atribuían la competencia. El camarista Hernán López determinó que el expediente debe ser continuado por el que se encuentra a cargo de Marcos Andrés Fernández.
Los manifestantes aseguran que hay más de 3.500 puestos de trabajo que indirectamente serían perjudicados por el conflicto en caso de no obtener una pronta solución.