El pasado lunes, el Ejecutivo nacional oficializó el llamado a licitación pública, nacional e internacional, para la operación de las centrales por un período de 30 años. Se espera recaudar un aproximado de US$500 millones.
El Gobierno viene avanzando hace un tiempo con su rumbo privatizador, dando un ejemplo con Aysa y los trenes argentinos, en una receta copiada de otros presidentes cuya herramienta de gestión se basó en la venta de activos nacionales a manos extranjeras.
El pedido había sido solicitado hace un mes por senadores de ambas jurisdicciones, quienes exigieron que el 50% de las empresas quede en manos del Estado provincial, y también por los propios gobernadores provinciales al pedir que se «respeten» los aspectos «económicos y financieros» de los embalses.
El proyecto prevé que el Observatorio de la obra publica» funcione en el ámbito del ministerio de Economía; La Libertad Avanza presentó un dictamen de rechazo. Además, se aprobó que el Estado controle la seguridad en las presas y proyectos de resolución.
El especialista en energía y temas geoestratégicos, Carlos Andrés Ortíz, señaló que en «este lapso de casi un año de gobierno libertario, se paralizaron todas las obras públicas y se despidió a una gran cantidad de personal del Estado». Este desfinanciamiento a la producción energética augura sentirse durante el verano.
