La confirmación fue difundida por Navitas, la compañía israelí que lidera el proyecto junto con la empresa británica Rockhopper. La decisión se conoció después de que la administración de Javier Milei solicitara medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir las actividades en la zona en disputa.
El desplome se produjo después de que la estadounidense Halliburton y otra compañía se apartaran de la iniciativa. Rockhopper informó que trabaja junto con Navitas, operadora y socia del proyecto, para reemplazar a las empresas que incumplieron sus acuerdos.
La definición se produce en un contexto de tensión diplomática con Argentina, que impulsa sanciones contra compañías vinculadas a la exploración hidrocarburífera en el archipiélago.
El objetivo central de la medida es impedir la explotación ilegítima en la Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto denominado «Sea Lion», así como la concesión de nuevos permisos de exploración de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.
La jueza Mariel Borruto ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de avanzar con obras vinculadas al emprendimiento hidrocarburífero.
