Los extitulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; y el otrora secretario presidencial, Darío Nieto, fueron precisamente los últimos tres indagados de una larga ronda que duró casi tres semanas y recurrieron a la misma estrategia: sin negar que hubieran podido existir maniobras de espionaje ilegal, aseguraron que no las ordenaron, participaron ni supieron de ellas.
Las citaciones se fijaron para la próxima semana. El juez les impuso una caución real de 20 millones de pesos y ordenó la entrega de sus pasaportes.
La prueba fue encontrada en soportes digitales en la Delegación Mar del Plata de la AFI y fue analizado con motivo de un requerimiento judicial realizado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, en el marco de otra causa.
A todos se los acusa de “haber conformado una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado central" para realizar tareas de inteligencia contra dirigentes opositores y oficialistas.
Entre los hechos denunciados figura la contratación directa de dos empresas para remodelar un piso de la sede de la AFI por 10,6 millones de pesos, que al cambio de ese momento equivalieron a 706.616 dólares.
Es en la causa que por espionaje ilegal se tramita en los tribunales de Lomas de Zamora.
En la indagatoria, Arribas aseguró que se enteró de las tareas de inteligencia que agentes del organismo habían realizado sobre Cristina Kirchner a través de los medios de comunicación. En tanto, negó las acusaciones que se realizaron en su contra.
A la exsubdirectora de la AFI se la investiga por presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y a la vicepresidenta Cristina Fernández. En tanto, Majdalani pidió la recusación de la fiscal Incardona y cuestionó su imparcialidad para investigar el caso.
La ex subdirectora de la AFI deberá presentarse este lunes en el juzgado de Lomas de Zamora para declarar en la causa que investiga un presunto espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, gremiales, sociales, religiosos y periodistas.
El pedido se hizo ante el juez del caso, Juan Pablo Auge, quien deberá decidir si lo acepta y fija fecha para escuchar a ambos ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en calidad de acusados.
La denuncia resultó sorteada en el juzgado federal de Daniel Rafecas e intervendrá el fiscal Federico Delgado.
En las fichas que analiza la Justicia, había un dossier especial sobre el PTS, en particular una reunión que mantuvieron en el Hotel Bauen y que, según los registros de la AFI confeccionados durante el gobierno de Macri, habría sido infiltrada por agentes de inteligencia.