Cientos de militantes de distintas organizaciones sociales ligadas al Kirchnerismo marcharon esta tarde hasta los Tribunales, para reclamar por la libertad de los exfuncionarios acusados por la Justicia.
Así lo dispuso el juez Santiago Banegas ante el pedido del fiscal Leandro Mai en una audiencia que se realizó este viernes. Los imputados son un matrimonio y sus dos hijos. También se los investiga por la coautoría de los delitos de falsificación reiterada de cheques.
Gabriel Strumia y Roxana Michl fueron sentenciados a 17 y 7 años respectivamente por la privación ilegítima de la libertad coactiva de Paula. Ahora, el Tribunal deberá revisarlas.
El juez y presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial consideró que la Justicia debe “promover los diálogos para que la ciudadanía pueda retomar la confianza y ver que los enfrentamientos se resuelven de otro modo”.
Desde el sindicato de Trabajadores Judiciales Nacionales pidió reuniones virtuales urgentes con las distintas Cámaras Federales de los distritos para ajustar medidas de prevención.
Durante la audiencia imputativa, el ex titular de la Unidad Covid-19, negó las acusaciones en su contra y expresó: “Humanamente estoy totalmente devastado”.
Un grupo de mujeres y disidencias llama a realizar una concentración este viernes en la puerta de Tribunales (Balcarce y Pellegrini) a las 11 hs. Respetando el aislamiento y el uso de tapabocas, la finalidad es poder visibilizar la ola de violencia machista reclamando una vez más la emergencia en violencia de género.
La medida alcanza a aquellos casos de competencia federal como pueden ser de corrupción, narcotráfico, o bien de jurisdicción nacional como los delitos penales comunes.
En la indagatoria, Arribas aseguró que se enteró de las tareas de inteligencia que agentes del organismo habían realizado sobre Cristina Kirchner a través de los medios de comunicación. En tanto, negó las acusaciones que se realizaron en su contra.
A la exsubdirectora de la AFI se la investiga por presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y a la vicepresidenta Cristina Fernández. En tanto, Majdalani pidió la recusación de la fiscal Incardona y cuestionó su imparcialidad para investigar el caso.
Desde el organismo que representa a los letrados rosarinos señalaron que se debe avanzar en la apertura del servicio de justicia, que desde el inicio de la cuarentena se encuentra funcionando de manera limitada. Críticas al presidente del máximo tribunal santafesino por recibir a antiguos dirigentes de los Colegios de la provincia.
La resolución judicial se toma en consonancia con lo dispuesto por las autoridades nacionales y provinciales en relación a la nueva etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, y comprende a todas las dependencias judiciales.