El gobierno de Javier Milei había solicitado que los jueces Diego Cormick y Sergio Fernández sean apartados de la causa por ser docentes en universidades públicas nacionales. No obstante, la Corte Suprema rechazó este pedido.
Con paro masivo y protestas en todo el país, el sector denuncia 17 meses de pérdida salarial y exige al Gobierno cumplir la ley y reabrir paritarias.
El CIN reclamó al Poder Ejecutivo que cumpla con la ley aprobada por el Congreso y convoque sin demoras a negociaciones salariales. Advirtió que la situación de docentes y nodocentes es “urgente” y afecta el normal funcionamiento del sistema.
Las autoridades de las casas de altos estudios calificaron la condena como “un golpe al corazón del sistema republicano”.
Los anuncios fueron realizados durante una conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni y anticiparon un paquete de normativas que quedarán formalizadas en los próximos días.
