La Cámara Federal de Casación Penal declaró "inadmisible" un recurso presentado por los abogados de Algodonera Avellaneda, del Grupo Vicentin, que habían apelado el millonario embargo preventivo de los bienes en el marco de la causa en la que se investigan los préstamos que obtuvo del Banco Nación.
La medida prohibió modificar la composición accionaria de las empresas con fines de eventual decomiso, en caso de recaer condena en la causa.
La compañía informó que "en el día de la fecha ha logrado las conformidades necesarias para alcanzar la mayoría de capital en el marco de su Concurso Preventivo de Acreedores".
En el encuentro el fiscal de delitos económicos, Sebastián Narvaja, dio detalles del avance de la investigación. Al respecto, el diputado Luis Rubeo consideró que “si no fuera por las medidas que la justicia ha permitido, hoy los directivos de Vicentin tendrían que estar presos”.
El juez Carlos Vera Barros determinó que Viterra, Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentina no podrán invertir en Vicentin, de forma que la cerealera no podrá salir de su concurso preventivo. La decisión estuvo justificada en la necesidad de evitar concentración y subas de precios en los alimentos.
Tras una nueva reunión de la comisión, los diputados reclamaron el involucramiento inmediato del Estado nacional y provincial y remarcaron que siempre han planteado "la necesidad de una salida política".
Se trata de Mariano Grassi, titular de la firma Commodities SA, una de las principales acreedoras de Vicentin, quien vio como una buena opción que el Estado compre acciones de la cerealera.
Diferentes referentes sindicales valoraron la intención de Alberto Fernández, expuesta durante una entrevista en un diario de difusión nacional.
La medida surgió de un planteo realizado por los abogados de uno de los principales acreedores granarios del concurso, la firma Commodities SA, que denunció una serie de presuntas irregularidades por parte del juez Fabián Lorenzini.
El economista resaltó además la importancia de esclarecer ante la opinión pública un camino que le ponga "límite a la impunidad con que suelen actuar estos grupos empresarios".
Representantes del Poder Legislativo se hicieron eco de las declaraciones del presidente Alberto Fernández y vieron con buenos ojos que el Gobierno Nacional -a través del Banco Nación- se haga con acciones de la cerealera.
“Si el Estado tuviera una cerealera que exporta, tendríamos posibilidades de intervención en favor del mercado, pero eso no hay que hacerlo de cualquier modo”, expresó el presidente.