El secretario general del SUPA, César Aybar, explicó que los integrantes de TPR decidieron no firmar las actas del acuerdo al que habían llegado después de 12 horas de negociaciones. Denunció que la empresa busca presionar al Gobierno provincial que le exige hacer obras.
La presentación fue realizada por el abogado Gustavo Feldman, que patrocina al Grupo Grassi, y considera que el juez civil y comercial de Reconquista Fabián Lorenzini debe ser apartado por "ausencia de imparcialidad" e "ignorancia manifiesta del derecho".
La diputada provincial consideró que tal proceder legislativo impidió avanzar en los dramáticos problemas de violencia que se sucede en la provincia.
El diputado provincial, periodista y escritor expuso sobre la actividad de puertos privados en la costas santafesina, recalcó que en la exportadora de productos primarios conviven la evasión y la elusión impositivay en otro aspecto valoró las actuaciones de dos fiscales.
La exsenadora nacional por Santa Fe y actual directora del Bice argumentó que "el vaciamiento se viene produciendo desde antes de 2019" a raíz de "un modelo que permitió la evasión".
Dos abogados laboristas de Rosario que representan a un empresario, denunciaron a los titulares de la empresa por asociación ilícita y pidieron que se investigue el accionar del juez de Reconquista, Fabián Lorenzini.
Según expusieron los especialistas de diferentes espacios que hicieron la presentación, la misma tiene por objetivo impedir "un daño irreparable intergeneracional".
La Cámara Federal de Casación Penal declaró "inadmisible" un recurso presentado por los abogados de Algodonera Avellaneda, del Grupo Vicentin, que habían apelado el millonario embargo preventivo de los bienes en el marco de la causa en la que se investigan los préstamos que obtuvo del Banco Nación.
La medida prohibió modificar la composición accionaria de las empresas con fines de eventual decomiso, en caso de recaer condena en la causa.
La compañía informó que "en el día de la fecha ha logrado las conformidades necesarias para alcanzar la mayoría de capital en el marco de su Concurso Preventivo de Acreedores".
En el encuentro el fiscal de delitos económicos, Sebastián Narvaja, dio detalles del avance de la investigación. Al respecto, el diputado Luis Rubeo consideró que “si no fuera por las medidas que la justicia ha permitido, hoy los directivos de Vicentin tendrían que estar presos”.
El juez Carlos Vera Barros determinó que Viterra, Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentina no podrán invertir en Vicentin, de forma que la cerealera no podrá salir de su concurso preventivo. La decisión estuvo justificada en la necesidad de evitar concentración y subas de precios en los alimentos.