Tras una nueva reunión de la comisión, los diputados reclamaron el involucramiento inmediato del Estado nacional y provincial y remarcaron que siempre han planteado "la necesidad de una salida política".
Se trata de Mariano Grassi, titular de la firma Commodities SA, una de las principales acreedoras de Vicentin, quien vio como una buena opción que el Estado compre acciones de la cerealera.
Diferentes referentes sindicales valoraron la intención de Alberto Fernández, expuesta durante una entrevista en un diario de difusión nacional.
La medida surgió de un planteo realizado por los abogados de uno de los principales acreedores granarios del concurso, la firma Commodities SA, que denunció una serie de presuntas irregularidades por parte del juez Fabián Lorenzini.
El economista resaltó además la importancia de esclarecer ante la opinión pública un camino que le ponga "límite a la impunidad con que suelen actuar estos grupos empresarios".
Representantes del Poder Legislativo se hicieron eco de las declaraciones del presidente Alberto Fernández y vieron con buenos ojos que el Gobierno Nacional -a través del Banco Nación- se haga con acciones de la cerealera.
“Si el Estado tuviera una cerealera que exporta, tendríamos posibilidades de intervención en favor del mercado, pero eso no hay que hacerlo de cualquier modo”, expresó el presidente.
Así lo hizo saber el abogado Gustavo Feldman a partir de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de suspender todos los términos del concurso, solicitar la remisión de las actuaciones y desplazar al juez Fabián Lorenzini.
El máximo Tribunal provincial le exigió al magistrado que remita todo lo actuado. La resolución es a partir de la presentación de uno de los acreedores más importantes, que cuestionó que la convocatoria se desarrolle en paralelo a las investigaciones penales.
Se trata de Omar Scarel, quien en abril pasado vendió acciones de una empresa en la que Vicentin tiene participación, incumpliendo así con medidas dictadas por jueces de primera instancia.
Tras un allanamiento en su casa, fue apresado Omar Scarel, actual presidente del directorio y quien, hasta ahora, se encontraba en libertad bajo fianza tras haber sido imputado en octubre por presuntas estafas y falsificación de balances e informes financieros de la empresa.
El presidente de la entidad, Leonardo Hecker reafirmó el rechazo a la propuesta presentada por la agroexportadora y adelantó que analiza ir por el "cramdown"