En el último tramo del juicio que ventila el acribillamiento del joven a manos de la policía, ocurrido en septiembre de 2014, fue el turno de los defensores para dar sus discursos finales.
En sus alegatos de cierre el fiscal Miguel Moreno y la querella pidieron, para los 15 efectivos policiales imputados, penas que van desde los 8 años hasta la prisión perpetua por los delitos de homicidio calificado, falsificación de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario y encubrimiento agravado.
A su vez, la Defensoría del Pueblo de la Nación determinó la relevancia de un “vínculo continuo y seguro con sus acogedores”. “Alguien tiene que hacerse responsable del daño a Kiki”, expresó Sergio Gigliotti a Conclusión.
El Gobernador presentó esta mañana Unidad de Prevención de Violencia Institucional que dependerá de la Secretaría de Derechos Humanos y apunta a la prevención y formación de los agentes.
Efectivos de las PAT y el Comando Radioeléctrico golpearon brutalmente y detuvieron en forma ilegal a siete jóvenes en las Cuatro Plazas. Hoy serán imputados apremios, falsificación de acta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad
Este jueves en la audiencia imputativa los uniformados serán imputados por “apremios, falsificación de acta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.
Se trata del efectivo que intervino el 13 de febrero pasado en un procedimiento luego de un robo al un supermercado ubicado en Maipú y Mendoza y en el que el presunto ladrón fue baleado por la espalda.
La manifestación se realizó este martes a las 19, frente al Mercado del Patio, donde ciudadanos de la zona afectada pidieron no sólo por mayores medidas de seguridad, sino que también se expresaron en contra de la violencia institucional.
La concejala de Unidad Ciudadana se refirió a Mara Pascucci, a quien las fuerzas policiales la llevaron detenida junto a su hija menor de edad “sin causa” el pasado jueves 11 de enero.
Además otorgaron prisión domiciliaria a cuatro agentes y liberaron a otros siete. Se trata de los efectivos que fueron imputados por el doble crimen ocurrido el 23 de junio en Arijón y Callao.
Duras acusaciones a los responsables del primer examen al cadáver por parte de la familia de la bibliotecaria que murió en la comisaría 10ª de Rosario. Los resultados de la reautopsia indican que habría “violencia policial”.
Será este viernes con la presencia del jurista Eugenio Zaffaroni y Gustavo Franceschetti en la Facultad de Derecho. En el mismo marco, el sábado realizarán una jornada solidaria en el barrio La Boca, en la zona sudoeste de la ciudad.