ATE logró que la Justicia exija explicaciones al Gobierno por la sanción de la Ley Bases
La Asociación de Trabajadores del Estado en Buenos Aires impulsó una acción judicial colectiva para frenar los efectos de la normativa 27.742. El Ejecutivo tiene un plazo de cinco días para exponer en las condiciones que se desreguló el empleo público.
La Asociación Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (ATE Capital) logró que la Justicia federal le exija al Poder Ejecutivo explicaciones sobre la sanción de la Ley Bases, en medio de presentaciones por corrupción legislativa. El sindicato denuncia que la reforma al empleo público es inconstitucional y pone en riesgo derechos laborales básicos.
El gremio denunció su aprobación debido a que se llevó adelante, mediante un proceso viciado por corrupción; como resultado, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 dio lugar a la presentación y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que, “en un plazo de cinco días”, brinde explicaciones sobre las condiciones en que se sancionó la Ley 27.742.
ATE impulsó esta “acción judicial colectiva” para frenar los efectos de la Ley Bases sobre el empleo público. Como consecuencia de la presentación, si el Gobierno no responde dentro de cinco días en forma satisfactoria, la causa podría escalar y suspenderse el capítulo que desreguló el empleo público.
Mientras que, “la resolución judicial reconoce que existen serias sospechas sobre la legalidad del trámite legislativo que dio origen a la norma, especialmente en relación con el voto clave del entonces senador Edgardo Kueider, quien fue detenido posteriormente con una suma de dólares no declarados y hoy enfrenta causas penales por presunto cohecho”, indicaron desde ATE Capital.
En la misma línea, aseguraron que ese voto, que generó el empate para que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, definiera la votación, “fue resultado de hechos de corrupción de público conocimiento”, y que, por lo tanto, “debe considerarse nulo de nulidad absoluta”.
El fallo firmado por el juez Diego Martín Cormick reconoce la legitimidad de la acción colectiva impulsada por ATE Capital y sugiere que los hechos denunciados presentan verosimilitud en el derecho invocado, al afirmar que “es evidente que existe un vicio en la formación y sanción de la Ley 27.742”.
“Estamos ante una ley sancionada en condiciones espurias. No se trata solo de una reforma regresiva para el empleo público: es una ley nacida de un procedimiento viciado y fraudulento. El Poder Judicial debe actuar y garantizar el Estado de derecho”, expresaron desde el gremio.