La pandemia trajo una crisis social de envergadura producto de la caída de la economía a nivel global, pero también produjo grandes cambios estructurales que a veces no son perceptibles y que es necesario tratar de visibilizar. Estos cambios han sido transversales a toda la sociedad y la reorganización del trabajo y de la vida que se está configurando no debería ser vivida como un padecimiento, sino como un momento de reflexión y proyección para un nuevo set de políticas públicas.
Una de ellas son los desafíos que representan las plataformas de delivery y su posible expansión a otras ramas de la economía y las modalidades que tiene el Estado para regular el sector, pero también para volver a pensar las políticas de ingreso y de derechos hacia el conjunto del sector informal.
La reorganización de las empresas y de la vida de los trabajadores en relación de dependencia también puede tener enormes consecuencias en los sectores informales que les proveen servicios de forma directa o indirecta, haciendo evidente la brecha digital, informacional e institucional entre ambos sectores. Sería importante que esas brechas sean cerradas por políticas fuertes de inclusión digital e institucional que permitan evitar la generación de una nueva forma de exclusión.
Regulación laboral
En ese sentido, los debates sobre la regulación laboral de los trabajadores “de las App” (trabajadores en plataformas digitales bajo demanda) es de los más desafiantes ya que tuvieron una gran legitimidad social durante el confinamiento: al no poder movilizarse la población, lo tenía que hacer la mercadería.
Sin dudas son sectores que deben regularse, pero ¿podrían sobrevivir esos servicios si se formalizara a los trabajadores bajo el convenio colectivo del sindicato que les corresponde? Si bien la formalización de una relación asalariada es necesaria, puede poner en dudas el negocio de esas empresas que existen porque lograron enmarcar y generar una acumulación de capital sobre la base de una informalidad preexistente y en algunos casos una acumulación financiarizada dado que está cotizando en bolsa (en el caso de Uber).
En efecto, pareciera que las empresas de plataforma digital no son más que la reorganización y concentración del negocio que antes se llamaba “delivery”, “remis” o “ferias informales” bajo una organización empresarial cuya condición de existencia son los salarios bajos. La ventaja que ofrece al trabajador es que le organiza la demanda de forma a que pueda trabajar más intensivamente (al estilo asalariado), aunque el dinero ganado por cada envío es tan bajo que requiere de numerosas horas de disponibilidad, lo que lo emparenta con la situación de los informales. El dilema es que la formalización de esas relaciones salariales bajo convenios colectivos de trabajo “clásicos” seguramente anularía las ganancias de esas empresas.
La búsqueda de unas relaciones laborales que estén enteramente en blanco y bajo convenio colectivo de trabajo es un objetivo loable para cualquier gobierno que se quiera progresista, pero se debe constatar que la informalidad y el empleo no registrado es desde hace años un componente esencial del capitalismo que se generalizó en América latina, en Europa, en China, en Estados Unidos, en el sector privado, pero también en el sector público.
Las condiciones de un trabajo «gris»
Uno de los debates existentes en el Gobierno es si se puede institucionalizar un estatuto para esos trabajos que les permita pautar condiciones de trabajo (vacaciones, régimen de enfermedad y accidentes, libertad de agremiarse) por fuera de los convenios existentes pero proporcionales a estos en función de la cantidad de horas trabajadas. Eso puede generar la implementación de un trabajo “en gris”, sobre el cual el Estado esté informado, pero existe la posibilidad de que ese trabajo en gris se pueda generalizar a otros sectores de la economía y desplazar trabajo en blanco.
El caso típico es el avance de las empresas de entrega por App en el negocio de la logística que debería volverse fundamental en una sociedad donde circula cada vez menos las personas, y donde debería circular cada vez más las mercaderías. En las empresas donde el delivery tenga un lugar cada vez más preponderante, la posibilidad de tercerizar ese negocio a través de las App para reducir costos se hará más conveniente.
Esta nueva informalidad funcional a la acumulación de capital de un grupo de empresas es una realidad con la cual habrá que convivir, pero que crecen sobre numerosos problemas de desempleo e informalidad preexistente. Es posible que para un trabajador informal “clásico”, trabajar para una empresa de App se entienda como un progreso personal e implique un nuevo tipo de subjetividad.
¿El Estado debe acompañar esa subjetividad con políticas públicas que enmarquen las nuevas formas de trabajo? ¿Existe un riesgo importante de reducir el empleo formal en favor de un empleo “en gris”? El propio planteo de estas preguntas, que vuelven sobre debates de los años noventa, marcan la posible crisis de empleo que se avecina.
La respuesta del Estado con el IFE
La primera respuesta del Estado frente a la pandemia fue el IFE como forma de paliar la falta de ingresos de los sectores informales. Como efecto secundario, el IFE mejoró la información sobre la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad a nivel nacional y promovió una bancarización de los sectores populares que sumó más información sobre el circuito del dinero en la economía popular y que podría mejorar las políticas públicas de transferencia de ingreso.
Estos últimos elementos son interesantes para pensar en mejorar las condiciones de trabajo de las personas informales, cuyos trabajos muchas veces no tienen el reconocimiento económico que deberían a pesar de realizar una tarea social muy valorada y que se podría medir en términos de externalidades.
Entre ellos, los trabajos ligados a la mejora del ambiente como el de recicladores de residuos, o al cuidado como las empleadas en hogar doméstico, que son personas en situación vulnerables y que no reciben un sueldo adecuado a la valoración social de su tarea.
Para esos casos se podría considerar un plus salarial de parte del Estado para que puedan cubrir las necesidades de su familia, premiando el trabajo y dándole un valor económico más adecuado a su valoración social. En este caso el diseño de la política sería fácil ya que un pago por cuenta bancarizada de parte del empleador facilita la trazabilidad y el reconocimiento del trabajo para el sector público. El ejemplo del programa Registradas es un elemento para empezar a potenciar ese esquema.
La lógica del servicio público estatal
Por otra parte, se puede utilizar la herramienta de la App para mejorar las condiciones de trabajo informales, desde la lógica del servicio público estatal.
En ese sentido, se puede ofrecer avances más modestos, pero más concretos en el mundo de la economía popular ya que muchos servicios ofrecidos por los trabajadores informales requieren de una publicidad mínima en el barrio que podría realizarse a través de una App que sea el equivalente a lo fueron las “páginas amarillas” telefónicas. Esta permitiría ordenar la demanda y mejorar la organización del trabajador informal por la geolocalización y mejor información. De hecho, la mayor competencia que Uber tiene en este momento son las App municipales de taxis.
La información recolectada puede a su vez mejorar los diseños de políticas de empleo de parte del Estado nacional, pero también los servicios de transporte público, permitir segmentar las tarifas de servicios públicos, y poder bancarizar la mayoría de la población trabajadora logrando una mayor inclusión financiera.
Por último, una medida sin costo fiscal inmediato sería reconocerle a todos los trabajadores y trabajadoras que cobren por sus servicios a través de una transferencia bancaria convalidada por el cliente un “aporte patronal” realizado por el Estado nacional.
Este aporte para la jubilación (en los hechos un giro del Tesoro a la Anses) tendría como primer efecto el de recolectar una información sobre el circuito económico de la informalidad valiosa para realizar políticas públicas, y en segundo lugar otorgarle a los sectores populares un derecho a la jubilación certificando sus horas de trabajo que ningún gobierno neoliberal podrá desconocer.
* Coordinador del departamento de Economía Política del CCC.
Fuente: Página|12.
