Mientras sigue sin resolverse el conflicto que arrastra a la Cooperativa Portuaria de Puerto General San Martín, los socios estibadores insisten en exigir el llamado a elecciones.
Así, los integrantes de la agrupación Miguel Ru presentaron la semana pasada sendos escritos judiciales, pidiéndole al juez federal, Marcelo Bailaque, que se aparte de seguir entendiendo en la causa penal que tiene como principal procesado por lavado de fondos al sindicalista y empresario Herme Juárez; y que el nuevo juez destituya al interventor Roberto Pasqualino “por graves irregularidades cometidas en lo que lleva al frente de la intervención”.
«Es inaceptable que a un año y medio de transcurrido desde que se intervino nuestra cooperativa, Pasqualino se maneje como dueño y señor de la misma, se niegue a llamar a elecciones y saque 150 millones de pesos que estaban a resguardo en el Banco Nación para ponerlos en una mutual que pertenece a un amigo del juez Bailaque y de uno de los asesores designados por el mismo Pasqualino”, afirmaron los dirigentes de la agrupación portuaria.
Además, el trabajador estibador Ricardo Marcos consideró que “a esta altura nadie puede justificar que se siga interviniendo una entidad privada, que pertenece a los socios de la cooperativa”.
“Las demoras en regularizar y llamar a elecciones solo se explican en la intención de hacer negocios personales, lo que no encuentra hoy otra explicación”, agregó Marcos, para enseguida detallar que “los números de la cooperativa muestran que el interventor ha sido un pésimo administrador de los bienes de la entidad y su continuidad en el cargo no hace más que poner en peligro las fuentes de trabajo y los intereses de los socios”.
La presentación judicial se funda también en informes del Inaes en los que se concluye que “no hay ningún impedimento para que se llame a elecciones para regularizar la cooperativa y devolverle a sus legítimos titulares la conducción de la institución”.
Según el informe del Inaes mencionado en el escrito, “el interventor se habría extralimitado al disponer el movimiento de fondos por 150 millones de pesos por tratarse de una decisión que necesariamente requiere de la aprobación de una asamblea, que justamente el interventor se niega a convocar”.
“Esto es peor que el vaciamiento de Vicentín – agregaron desde la Miguel Ru – porque aquí el vaciamiento se está haciendo con la venia judicial del juez para beneficiar a quienes se presentan como sus amigos, y se hace a plena luz del día.”
Los dirigentes de la entidad sindical señalaron que en caso de no acceder el juez a apartarse de la causa o remover al interventor, insistirán en la Cámara Federal “en forma inmediata”.
A su turno, otro miembro integrante de la Miguel Ru, José María Ramón, denunció que “se suma al raid delictivo de distracción de fondos, la compra de kits Covid en forma inconsulta, realizada por este interventor a una sociedad que se podría decir que nació con ese pan bajo el brazo”.
“Nuevamente, el interventor manejando fondos en forma discrecional favoreciendo a sus amigos con compras sin licitación, sin dar explicaciones, sin saber si esas compras cumplen alguna función útil para lo que han sido realizadas”, agregó en su denuncia el estibador Ramón.
En tal sentido, el trabajador portuario recordó una “triangulación” que se produjo en octubre de 2019 con Carlos Andrés Marconi y Esteban Maximiliano Donadío – integrantes de una sociedad que presta servicios financieros, llamada Dofin S.R.L., cuya publicación se encuentra en el Boletín Oficial.
Por lo pronto, los estibadores realizaron las presentaciones judiciales donde se denunció a Esteban Maximiliano Donadío. Cabe indicar que el denunciado “presta colaboraciones para la cooperativa a través de la figura de asesor”.
Para la agrupación Miguel Ru, “existe conflicto de intereses donde evidentemente se permite la compra de kits Covid a la sociedad por acciones simplificadas Total Medic, de titularidad de su amigo y socio Carlos Andrés Marconi, creada en plena pandemia”
“Esta prueba demuestra, independientemente de su irregularidad, las verdaderas intenciones de estos interventores que mientras los estibadores se exponían en plena pandemia al progreso de la cooperativa y del país, los altos funcionarios de la intervención se dedicaban a hacer negocios personales, a costillas de la salud de los trabajadores”, indicó Jorge Morel, quien también es socio de la Cooperativa Portuaria
En dicho escenario, los estibadores han advertido que, “se esperan horas decisivas, con nuevos conflictos en la zona portuaria con movilizaciones con y el cese de actividades para que se llame a elecciones urgentes”.
Promesa de resolución
El pasado 22 de Enero en la sede Rosario del Gobierno de Santa Fe, los estibadores portuarios fueron recibidos por las autoridades del Ministerio de Producción de la Nación y por el presidente del Inaes de ese momento, Nahum Mirad, en donde se comprometieron a regularizar la situación de la cooperativa en defensa de los trabajadores.
“Se esperan horas decisivas donde los trabajadores pedimos no quedar inmersos en las pujas políticas del Movimiento Evita, de la Universidad de Buenos Aires, del juez Bailaque y de los intereses personales de la intervención saliente”, manifestaron los estibadores, para inmediatamente completar: “Lo único que a nosotros nos interesa es recuperar nuestra cooperativa que es de los trabajadores”.
