El Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, informó que desde la promulgación de la ley de empleadas domésticas «se ha más que duplicado la cantidad de trabajadoras registradas» en el sector, ya que pasaron de 220.000 en el primer año de vigencia de la norma a casi 475.000 en marzo de este año.
Aproximadamente un 10 por ciento de esas trabajadoras se desempeña bajo la modalidad sin retiro, y se estima que unas 600.000 empleadas domésticas aún cumple tareas en negro, de las cuales alrededor del 30 por ciento proviene de países limítrofes.
Las cuidadoras en casa de familia de adultos mayores, de personas con enfermedad que realizan tareas no terapéuticas y de bebés, niños y adolescentes están incluidas de forma obligatoria en el régimen de la ley y, alrededor del 25 por ciento del total de ese personal, cuida a personas que requieren de una compañía casi permanente para garantizar su integridad física.
«Al trabajar en un domicilio particular no son autónomos, monotributistas ni pueden ser encuadrados en otra estructura sindical. No deben confundirse con enfermeros o profesionales de la salud. El cuidador terapéutico está excluido de esa normativa», afirmó Carlos Brassesco, apoderado legal del Sindicato del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP).
El abogado advirtió que se verificó una suerte de «fraude laboral y social» al no registrarse a los cuidadores y acompañantes como dependientes bajo la Ley 26.844.
La normativa estableció que los trabajadores que cobija tienen cobertura por accidentes y enfermedades laborales, obra social, acceso al régimen jubilatorio y todos los beneficios que ofrece el gremio, es decir, asesoramiento legal y previsional, turismo social, cursos de capacitación de cuidado y atención del adulto mayor y la persona con enfermedad, que posibilita el trabajo profesionalizado de cuidado de personas en cualquier etapa.
Los cursos son gratuitos y supervisados por la cartera laboral.
Buenos Aires fue hace poco sede de un encuentro sobre esa temática y participó el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) e integrantes de agencias internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF e instituciones y responsables de políticas públicas para relevar el nivel de protección del sector.
Entre otros, los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social de la Nación y la cartera de Desarrollo de la provincia de Santa Fe.
La problemática del cuidado es un tema emergente y relativamente novedoso en la política social de América Latina.
A diferencia de otros países de la región, en los que el cuidado se restringe al ámbito privado familiar, las experiencias innovadoras en la Argentina son auspiciosas.
En ese sentido, Brassesco celebró que se propicien políticas púbicas relacionadas con el tema del cuidado y que el empleo doméstico en la Argentina no sea un trabajo precarizado sino «pleno» en relación con el goce de los derechos laborales.
Por 498 pesos, el cuidador tiene toda la cobertura necesaria y también la persona mayor o su familia, en tanto los adultos mayores pueden recibir una asignación del PAMI o subsidio, que se destina para que esa persona sea atendida en el hogar.
