El Ministerio de Producción y Trabajo certificó días atrás a las autoridades de la intervenida Federación de Empleados de la Industria Azucarera (Feia), que volvió así a estar bajo el control de sus afiliados.
Entre las primeras medidas ejecutadas por los dirgentes azucareros, se cuenta la del control operativo de la obra social, que continúa por el momento sigue bajo la órbita de funcionarios del Ejecutivo, lo cual genera temor en la Feia.
Adjudican ese miedo a operaciones perpetradas por el interventor, José Antonio Leguizamón. Señalan, por ejemplo, la adquisición para la Ospia (obra social de la Feia) de un inmueble en Tucumán para la construcción de un edificio nuevo. El problema sería el precio: ya se pagaron alrededor de 12 millones de pesos por un inmueble cuyo valor de mercado, aseguran, es de unos 20.
Desde el gremio sostienen que los vendedores acordaron recibir 22 millones de pesos por esa venta, y las dudas que ensombrecen la operación aluden al destino de la diferencia, de dos millones de pesos.
Además, la Feia ya le comunicó al Superintendente de Servicios de Salud de la Nación, Sebastián Neuspiller, la identidad de las autoridades señaladas para que la institución vuelva a manos de sus administradores genuinos.
Neuspiller debe tomar una decisión: o bien ratifica al interventor Leguizamón o acepta lo dictaminado por el gremio.
Leguizamón ya estuvo envuelto en acusaciones judiciales, junto al anterior Superintendente, Sandro Taricco, ya que en su paso por Ospia se les radicó una denuncia penal por presunto «enriquecimiento ilícito, maniobras fraudulentas y asociación ilícita».
