Aún perduran los ecos de la detención del dirigente gremial de Smata que acompañaba a los trabajadores despedidos de Guerrero durante la protesta en la puerta de la fábrica.
Tras la detención del dirigente, los trabajadores se movilizaron a la comisaría 1ª de esa ciudad para exigir su liberación. A la vez que un amplio abanico de gremios y organizaciones sociales de la provincia de Santa Fe repudiaron la aprehensión.
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Al respecto, el secretario General de Smata, Marcelo Barros, indicó que es “insólito que un trabajador esté reclamando y lo detengan” y sostuvo: “La empresa incumplió con todo. Despidió a empleados sin causa, algo que no se puede, no fue a ninguna audiencia y ahora acusan a un dirigente gremial de instigador”.
También se pronunciaron en el mismo sentido desde la Asociación Empleados de Comercio de Rosario (AEC), el Sindicato de Recolectores de Rosario, el Sindicato de Gastronómicos de Rosario (UTHGRA), el Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, Municipales de Rosario, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario, el Movimiento Sindical Rosarino (MSR), el Movimiento Obrero Rosarino (MOR), la Mutisectorial 21F, el Movimiento Obrero Santafesino (MOS). Estas posturas se plasmaron este viernes en un encuentro realizado en la sede local de la CGT (Córdoba y Moreno), en la que también se manifestó la idea de unir al movimiento obrero rosarino y regional.
Desde el ámbito jurídico también señalaron su rechazo a la detención. El abogado laboralista de Rosario, Jorge Elizondo indicó: «Me parece que se trata de una clara intención de criminalizar la protesta social, específicamente del derecho de los trabajadores despedidos a reclamar su incorporación».
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El vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario y docente de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR también comentó: «El dirigente de Smata estaba en ese lugar para defender a sus compañeros, estaba cumpliendo con una obligación como dirigente gremial. No se comprende en absoluto que haya un fiscal que ordene la detención de un dirigente gremial que está participando de una protesta y lo acuse de instigación a un bloqueo».
«Cuando uno de los dueños de Guerrero intentó incendiar el auto de un trabajador y ese trabajador intentó hacer la denuncia ni se la tomaron. Obviamente los trabajadores seguirán reclamando su incorporación. ¿O que se pretende, que se vayan a su casa tranquilos, que no luchen? ¿a qué época pretenden que retrocedamos? ¿a la dictadura, a principios de siglo 20?», se preguntó el letrado.
Además, Elizondo aclaró que «el derecho a huelga, a protesta está en el artículo 14 bis de nuestra constitución. Están también los pactos internacionales de derechos humanos. Me parece que la decisión del fiscal desde ningún punto de vista se justifica. Tiene que haber una reacción de la totalidad del movimiento obrero. Pero también de las facultades de Derecho, de las Universidades contra este tipo de actitudes porque de lo contrario, encima que tenemos que soportar que un empresario viole la normativa que prohíbe los despidos sin causa, norma que está vigente hasta fines de abril».
El abogado también hizo referencia al conflicto en Hay Latam, empresa que despidió a decenas de trabajadores, que vienen realizando distintas movilizaciones para reclamar por la reincorporación de los empleados.
Sobre este tema, Elizondo afirmó que «no se justifica el lock out de esta empresa, no exista una crisis, los trabajadores lo único que pretenden es que se le garantice el empleo, por eso está la protesta».
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Por último, concluyó: «Pareciera que la justicia y la Policía están del lado de los que explotan, de los que pretenden hacer lo que que reclaman la ayuda del Estado y se quejan de las leyes vigente en el país. Obviamente que lo único que les interesa es mantener sus ganancias. El gran capital de Argentina nunca pierde. Son los que tratan de boicotear todo lo que el Gobierno nacional hace, como la prórroga de la ley antidespidos, y doble indemnización. Ese es el poder real que tenemos en Argentina. Y continuarán extorsionando y tratando de evitar que los trabajadores se opongan».
La detención
El secretario gremial del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor Rubén Moyano fue detenido durante una protesta frente a la planta de Guerrero Motos en la ciudad de San Lorenzo, en la cual varios de los trabajadores despedidos se encadenaron a las puertas.
El conflicto gremial de Guerrero Motos comenzó en el mes de diciembre, cuando 23 trabajadores fueron despedidos sin causa. El martes pasado, un grupo de ellos se encadenó a las puertas de la empresa para exigir la reincorporación y, en ese contexto, la policía llegó al lugar para liberar el ingreso, ya que hay una disposición judicial que ordena mantener los libres los portones de la planta industrial.
Desde Fiscalía informaron que el gremialista de 38 años fue detenido porque «alentaba a terceras personas a realizar el bloqueo del acceso a la planta ensambladora de motos, encontrándose el mismo con prendas de vestir que impedía ser identificado».
A su vez, explicaron que una vez que Moyano fue identificado el fiscal Balbis pidió su detención «ya que el mismo había estado instigando a bloquear el ingreso y egreso al sitio, incumpliendo así una resolución judicial que establece que no se debe bloquear el ingreso a la planta». Al respecto, también aclararon que antes de que estos sucesos ocurran, el sindicalista estuvo presente en una audiencia donde fue notificado de estas resoluciones judiales.
