Por Alejandro Maidana
Si bien el Gobierno nacional anunció durante la noche del jueves que había llegado a un acuerdo con las universidades nacionales y aumentaría el presupuesto un 140% para que las casas de altos estudios puedan hacer frente a sus gastos de mantenimiento, la noticia fue desmentida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que aseguró que no hubo tal consenso.
El objetivo fue claro: desactivar la convocatoria de universidades públicas a marchar el próximo martes 23 de abril para exigir mayor presupuesto. Aprovechando la inercia oportunista, el Ministerio de Capital Humano informó a través de sus redes sociales que hubo “propuestas consensuadas” con el Consejo Interuniversitario Nacional.
En ese marco, y pese a lo expresado por el Gobierno nacional, el martes próximo será epicentro de una masiva convocatoria a nivel nacional y local. Marco Pozzi, secretario general de SOEAR, no dudó en indicar que “la universidad pública argentina se defiende de un ataque jamás visto de parte de un Gobierno nacional que nos odia, que no tiene proyecto político, que quiere a los trabajadores pobres y a sus hijos sin posibilidades de crecer, de desarrollarse, de poder estudiar para tener una salida”.
El gobierno de Javier Milei viene desarrollando una arremetida veloz y voraz contra la clase trabajadora: destruyendo los salarios, intentando poner tope a las paritarias, cercenando derechos a través del DNU 70/23. “También dirige el embate desfinanciando la educación pública, atacando directamente al presupuesto y a los trabajadores asalariados de la Universidad. Es por eso, porque nadie se salva solo, que la clase trabajadora organizada debe pronunciarse y organizar una defensa colectiva”, expresó.
Para concluir, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario sentenció: “Nosotros, los aceiteros, queremos que nuestros hijos e hijas puedan estudiar y crecer intelectual y profesionalmente. Para eso necesitamos defender la educación pública, laica, gratuita y de calidad que sólo es posible con salarios mínimos y vitales y condiciones de trabajo que garanticen la enseñanza y el aprendizaje”.
