El gremio de los trabajadores lecheros señala que el conflicto en Lácteos Verónica obedece a un lookout patronal

Desde la organización gremial estiman que estas irregularidades no obedecen a la crisis del sector, sino a decisiones empresariales porque, afirman, su producción y balances vienen siendo satisfactorios.

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) presentó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo por la falta de pago de los salarios de Lácteos Verónica, además de la paralización de la actividad en el contexto de un presunto lookout patronal.

La situación afecta a más de 400 trabajadores que mantienen sus protestas frente a las plantas ubicadas en las localidades santafesinas de Lehmann, Suardi y Clason, como así también en Boulogne Sur Mer y Tandil de la provincia de Buenos Aires.

Desde la organización gremial estiman que estas irregularidades no obedecen a la crisis del sector, sino a decisiones empresariales porque, afirman, su producción y balances vienen siendo satisfactorios.

La presentación que fue formalizada el 9 de marzo, expone que la empresa mantiene impagos los salarios correspondientes a enero y febrero de 2026, además de adeudar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2025.

El sindicato sostiene que la situación se agravó luego del cese progresivo de la producción, iniciado tras la finalización de un acuerdo de producción a fasón el 8 de enero.

Desde entonces, la actividad se redujo significativamente hasta detenerse por completo el 16 de febrero, cuando dejó de ingresar materia prima a las plantas industriales.

Atilra también denunció que los telegramas que les llegaron a algunos trabajadores desde el 5 de febrero por los que notificaban una reducción a la mitad de la jornada laboral y en los salarios son una suspensión encubierta sin fecha de inicio ni de finalización.

A esta situación se suma la falta total de tareas laborales en algunos establecimientos y la decisión de la empresa de prohibir el ingreso a determinados depósitos, lo que, según el sindicato, constituye una medida de fuerza patronal ilegal.

“Es manifiesto que la empresa se encuentra llevando a cabo un ilegal lockout”, sostiene la presentación sindical, que advierte que estas decisiones podrían generar conflictos mayores entre los trabajadores afectados.

El conflicto también tiene derivaciones judiciales. Un grupo de trabajadores presentó una denuncia ante la Justicia Federal de San Isidro por presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social y posible lavado de activos. La causa tramita en el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro.

En paralelo, el sindicato indicó que existe una investigación por presunta estafa en la Fiscalía de Criminalidad Económica y Compleja de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, según consignó el sitio especializado Info Gremiales.

El gremio plantea que la caída de la producción podría haber sido provocada por decisiones internas de la empresa, incluso vinculadas a disputas entre accionistas o a la relación con firmas vinculadas que proveen materia prima.

Según trascendió, la sociedad estaría integrada por unos veinte socios pertenecientes al mismo grupo familiar —entre primos, hermanos y sobrinos— y existirían diferencias internas sobre la conducción y el control de la compañía.

En ese marco, desde hace más de un año se registran problemas financieros, cheques rechazados, atrasos en pagos a proveedores y demoras en salarios, aguinaldos y aportes de los trabajadores, lo que habría derivado en la actual paralización de la actividad.

Ante este escenario, el sindicato solicitó que la Secretaría de Trabajo intervenga para garantizar el pago de salarios, la continuidad laboral y el respeto de los derechos de los trabajadores.