El sector nuclear en crisis: Atucha denuncia despidos, persecución sindical y atraso salarial
El conflicto comenzó con reclamos de sueldos adeudados, luego escaló con el despido de un delegado de trayectoria en la planta y frente a la paralización de proyectos estratégicos en el área nuclear, atravesado por las políticas implementadas de la administración libertaria.
Los trabajadores del Complejo Nuclear Atucha, de la localidad bonaerense de Lima, protagonizaron en esta semana una protesta para reclamar por el atraso salarial, denunciar despidos que consideran persecutorios y rechazar las políticas del Gobierno de Javier Milei sobre el sector nuclear.
La protesta y movilización, encabezada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras organizaciones gremiales, donde denuncian «despidos, persecución sindical y atraso salarial«, se produjo en medio de un creciente crisis que se profundizó tras el despido del delegado Mariano Saleh y la paralización de proyectos estratégicos para la industria nuclear argentina, como un derivado de las políticas implementadas por la administración libertaria.
El conflicto, que comenzó con reclamos salariales, escaló luego que la empresa desvinculara Saleh, representante sindical con 14 años de trayectoria en la planta. Los trabajadores sostienen que la decisión tuvo un fuerte contenido político y denuncian un clima de vigilancia y persecución dentro del complejo, con restricciones a la actividad gremial y controles destinados a impedir la difusión de las condiciones laborales y operativas de la central.
El propio exdelegado relató que su salida se produjo luego de realizar críticas a la gestión energética oficial a través de sus redes sociales. “No puede ser que me echen por dos tuits. Es increíble, pero están usando todo el aparato del Estado que venían a destruir para atacarme”, afirmó Saleh, quien además denunció que la empresa le impide el ingreso apelando a supuestas razones de seguridad nuclear que él rechaza de plano.
Paralización del proyecto CAREM-25
Uno de los puntos de mayor tensión en la agenda gremial es la paralización del proyecto CAREM-25. Este reactor modular, íntegramente diseñado en el país, contaba con un avance de obra cercano al 80%, pero la administración nacional decidió frenar los trabajos bajo el argumento de que la iniciativa es económicamente inviable. Para los técnicos y profesionales del sector, esta decisión no solo representa un desperdicio de recursos ya invertidos, sino un golpe directo al desarrollo científico nacional y a la autonomía energética.
Según exponen los sindicatos, la interrupción del CAREM se produce en paralelo con procesos administrativos que permitirían el ingreso de capitales privados para evaluar activos de la empresa, situación que alimenta los temores de una futura privatización del sector nuclear estatal. A demás, afirman, una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios y la ausencia de instancias de negociación para resolver el conflicto.