A pesar de la crisis socioeconómica que padece la Argentina, el gobernador santiagueño Gerardo Zamora se esmera en alcanzar el objetivo de pleno empleo en la provincia. Los logros han sido corroborados por el INdEC. El único interrogante lo provoca la Nación que, en ese contexto, decidió restarle recursos a Santiago del Estero, que tuvo que iniciar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Santiago del Estero argumenta, con estadísticas irrefutables, que está sufriendo una injusticia de parte de la Nación en la distribución de recursos, cuando deberían reconocérsele logros importantes en, por ejemplo, la política de empleo.
Según la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el conglomerado de las localidades Santiago del Estero + La Banda tiene una tasa de desocupación equivalente a 3,3%, levemente por arriba del Gran San Juan (3,4%) y Gran San Luis (3,3%), que contrasta con el 12,7% de la ciudad de Salta o el 10,7% del conglomerado Gran Tucumán / Tafi Viejo. O el 13,1% del Gran Córdoba. O el 11,9% promedio del Gran Buenos Aires. O el 10,6% de desocupación promedio considerando los 31 aglomerados urbanos más importantes de la Argentina.
Sobre una población de 28,33 millones de residentes en 31 aglomerados urbanos de todo el país, la Encuesta Permanente de Hogares del INdEC registró que algunos conglomerados trabajaron mejor que otros durante un trimestre en que el PBI creció un modesto 0,6%, el empleo en blanco, según el Ministerio de Producción y Trabajo, disminuyó 1,4%, en particular en la franja de los asalariados privados, que cayó 2,4%, y se incrementó
Precisamente, entendiendo que la crisis es vasta, el gobernador Gerardo Zamora anunció, por ejemplo, un aumento del 30% en el monto mensual de tarjetas sociales (50.000 beneficiarios), un aumento en la asistencia alimentaria de 30% a los comedores escolares, un incremento extraordinario hasta fin de año a comedores infantiles y comunitarios, y un segundo anticipo de bono de fin de año que se pagará el 04/10 por $8.000; y el bono de diciembre por $10.000 para toda la administración pública (junto con la suma otorgada en agosto, ya suman $26.000 en 2019 pagados a todo el sector público: docentes, policías y estatales, tanto para los contratados como para quienes tienen contratos de locación de servicio).
La política de reacción en la emergencia es posible porque la Administración fiscal le permite contar con recursos suficientes. Sin embargo, la Nación ha atentado contra el resultado fiscal de Santiago, provocando una demanda contra el Ejecutivo Nacional a causa de los perjuicios provocados por las medidas económicas anunciadas luego de las elecciones PASO: los decretos N° 561, 566 y 567, uno eliminó el IVA a un grupo de alimentos, otro subió el piso de Ganancias y otro congeló el precio del petróleo.
