Trabajadores mineros de Andacollo alcanzaron un acuerdo con el gobierno de Neuquén, tras 14 días de protestas en la ruta nacional 22, en cercanías de la capital provincial, debido al cierre de la mina que era explotada por la empresa Trident S.A..

El acuerdo establece el pago de una asignación especial de 20.000 pesos correspondientes a los sueldos impagos del mes de marzo para los trabajadores de la mina; 30.000 pesos para abril; y una cifra similar para los próximos cuatro meses.

En tanto, el gobierno provincial elabora una nueva propuesta para licitar la concesión del emprendimiento, según trascendió

El Ministerio Público Fiscal de la provincia (MPF) ofició de mediador y, en un comunicado oficial, destacó que “a la solución del conflicto se llegó luego de catorce reuniones dirigidas por el director de la oficina de Mediación y Conciliación Penal del MPF, Ulf Nordenstahl».

Los representantes del gobierno provincial y de los trabajadores acordaron constituir una mesa de trabajo para el seguimiento de las negociaciones destinadas a la reapertura de la mina de Andacollo garantizando la continuidad de los puestos de trabajo.

“Para atender la situación social de los trabajadores y sus familias la provincia abonará a cada trabajador que resida en la zona de influencia del proyecto minero, un pago de $20.000 imputados al mes de marzo, un pago de $30.000 imputados al mes de abril, pagaderos en el transcurso de la próxima semana”, dice el acuerdo.

También se comprometió al pago de cuatro cuotas mensuales y consecutivas de $30.000 que se pagarán a partir de los días 15 de cada mes desde junio del 2020, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

La mesa de trabajo “acompañará las acciones legales que se lleven a cabo respecto del proceso de concurso de acreedores presentado por la empresa Trident Southern Exploration SA y la rescisión del contrato de concesión que fuera notificado por Corporación Minera de Neuquén (Cormine)”.

Los trabajadores, residentes en las localidades de Andacollo y Huinganco, ubicadas a 450 kilómetros al norte de la capital neuquina, levantaron las acciones que venían desarrollando desde el cierre de la mina y la falta de pago de sus salarios.