Trabajadores de la salud y la educación se manifestaron este jueves frente a la Sede de Gobernación para reclamar el pase a planta del personal precarizado, condiciones seguras de trabajo, entrega de elementos de protección y salarios dignos. Además llevan adelante un paro para exigir que se de marcha atrás con el veto del gobierno provincial al bono que la Legislatura santafesina aprobó para los reemplazantes.

«El gobernador Omar Perotti, con una nueva muestra de insensibilidad hacia los trabajadores y las trabajadoras, vetó el proyecto de ley 13.992 que había sido aprobado tanto en Cámara de Senadores como en Diputados y que otorgaba un salario de emergencia a los reemplazantes que no habían podido trabajar durante este año por el tema de la pandemia», explicó la secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón, en dialogo con Conclusión

Según explicó la gremialista, lo dispuesto por el Gobernador en realidad fue un veto parcial, ya que vetó seis artículos de la ley y directamente excluyó a los asistentes escolares. De esta manera, «manda a que la Cámara de Diputados apruebe otorgarle el bono solo a los docentes», indicó.

La Ley 13.992 tendía a una ayuda económica al sector de reemplazantes: no sólo una mayoría de ellos está sin trabajo y sin sueldo, sino que tampoco pudieron acceder a asistencias oficiales por estar dentro del universo de empleados públicos.

«En el sector público hablamos de más de 11.000 entre asistentes escolares y docentes. Es una cantidad importante. No hablamos de todo el padrón de inscriptos de asistentes escolares. Nos referimos a aquellos que hayan trabajado aunque sea un día en el último año. Esos son los que accederían a este beneficio. No es para los 45.000 que se anotaron, como quiere hacer creer el Gobernador», aclaro Almirón.

Por esta razón, desde ATE Rosario rechazaron el veto y pidieron a los diputados y las diputadas que hagan lo mismo y se vuelva al proyecto original que otorgaba 10.000 pesos a los trabajadores.

Los trabajadores estatales también reclamaron que el gobierno provincial exija el dinero de la coparticipación que le corresponde, recursos que -entienden- podrían ser utilizados para atender las demandas del personal esencial precarizado.

Al respecto, Almirón expuso que en los últimos días quedó en claro que el Estado nacional no está escaso de fondos para afrontar las exigencias de las administraciones provinciales.

«Se envía 3.000 millones a Seguridad mientras las otras políticas públicas, que son realmente muy sensibles, como el trabajo que llevan adelante asistentes escolares, personal de niñez y el mismo personal de salud que está en la primera línea, ven que no se invierte ahí», asevero la secretaria general de ATE Rosario.