La empresa de franquicias Re/Max resultó condenada en una causa por precarización laboral en Rosario. Había despedido una empleada, cuando transitaba un embarazo, sin haberle reconocido la relación laboral. Este hecho se suma a otras situaciones judiciales vinculadas a la firma, que mantiene apelada la decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) de prohibirle la actividad inmobiliaria.
El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCIBA) expone este tipo de accionar desde hace tiempo y asegura que la operatoria de la firma es contraria a la ley profesional vigente en buena parte del país.
La información fue publicada por el portal IProfesional, quien señaló que la entidad mencionada entregó en reiteradas oportunidades elementos que probarían cómo Re/Max fomenta el empleo irregular y, en simultáneo, estimula una forma de hacer negocios que genera posiciones monopólicas en su actividad.
Estas críticas consiguieron en las últimas horas un respaldo por parte de la Justicia de Rosario, que falló a favor de una exempleada de la firma que fue despedida sin que se le reconozca relación laboral. La mujer en cuestión estaba embarazada al momento de la desvinculación.
Fuentes locales informaron al medio nombrado que «cuando terminó la relación el conflicto se originó porque la mujer afirmó que había tenido un vínculo de indudable carácter laboral y los demandados señalaron que hubo lo que se denomina un contrato de agencia. En primera instancia se rechazó la demanda por cobro de pesos por rubros laborales y la trabajadora planteó el recurso de apelación».
«La actividad de corretaje es de carácter indelegable, de forma tal que no podía ella intervenir en las operaciones inmobiliarias de Re/Max Argentina, y que conforme lo reconocen los demandados en la audiencia de absolución de posiciones había un único matriculado en la sucursal donde ella prestaba labores», agregaron.
La damnificada, a quien la Justicia le dio la razón, pudo demostrar -indica Iprofesional- que en concepto de sus tareas percibía montos fijos y una cifra variable.
Re/Max Argentina deberá pagar la indemnización por antigüedad, la sustitutiva de preaviso y su Sueldo Anual Complementario e integración del mes de despido y su SAC, producto de la falta de entidad de la causal rupturista.
Otras de las situaciones que aquejan a la firma tiene que ver con que la Justicia acaba de establecer como responsable de las acciones que se siguen contra la red a Re/Max Argentina en lugar de su par internacional.
«Para las leyes argentinas RE/MAX Internacional no existe. Quien tiene que responder por las denuncias elevadas es la SRL que tiene domicilio en avenida Callao, en Capital Federal, aunque en los últimos meses ha dicho que nunca resultó notificada de los procesos que se siguen», señaló un abogado especializado en la actividad inmobiliaria.
Desde CUCICBA anticiparon recientemente que el pronunciamiento judicial que podría marcar el final de la compañía de franquicias llegaría durante el próximo trimestre tras concretarse la digitalización del expediente. Esa entidad espera la liquidación final de Re/Max Argentina SRL por llevar a cabo «actividades ilegítimas».
A partir del pronunciamiento de la IGJ, aparecieron en mayor medida expedientes contra la compañía por presunta utilización de matrículas de terceros, reclamos por aparentes relaciones laborales de dependencias encubiertas e incluso deudas con la AFIP.
El fallo, según el referente legal del colegio porteño Jorge Martín Irigoyen, es «inminente».
Tal expuso, «la empresa apeló el año pasado, y ahora lo que viene es la decisión del Poder Judicial de confirmar lo dispuesto por la IGJ. Mientras tanto, la red ha seguido haciendo sus negocios más allá de esta situación. Lamentablemente, promoviendo contratos que chocan con las leyes laborales».
«La empresa sigue basándose en el vínculo con monotributistas a que los que, aunque carecen de títulos o matrículas, les instalan la idea de que pueden ser emprendedores en la actividad inmobiliaria. Los franquiciados pagan en dólares por usar la marca y tener acceso a los datos de clientes que acumula la red», agregó.
En ese punto, Martín Irigoyen le dijo al portal que, justamente, los franquiciados locales abonan a la empresa 65 dólares + IVA mensuales para operar con los «colores» de Re/Max. También -apuntó- deben cumplir con el pago de otros 210 dólares + IVA en concepto de acceso de la base de datos global de la compañía.
Por este motivo, recalcó que si se habilitan legalmente este tipo de prácticas, «las compañías de este tipo se multiplicarán en el mercado porque funcionan a partir de costos que se traslada y responsabilidades que no se ejercen. Si hay una irregularidad en una compraventa por supuesto que Re/Max no saldrá a dar una respuesta. Su modelo limita ese aspecto a la ‘sucursal’ que usa la marca e implica un retroceso en la confianza que construyó el sector».
