La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) San Lorenzo salieron en conjunto a cuestionar la intención de los gobernadores de Juntos por el Cambio de derogar la reforma del Impuesto a las Ganancias, que eliminó la cuarta categoría y eximió del pago a los trabajadores en relación de dependencia.
«El salario no es ganancia», señalaron en un comunicado, en el cual valoraron esta medida, que fue «un reclamo permanente de un amplio arco de organizaciones sindicales».
“Ahora los gobernadores de Juntos por el Cambio, el mismo sector político que no votó la modificación del proyecto, reclaman la derogación de la ley argumentando que estarían siendo afectados los fondos que reciben en concepto de coparticipación e iniciaron acciones judiciales”, expresaron los sindicatos, y señalaron que este reclamo que «va contra las y los asalariados” es «grave, porque es el mismo sector que se encuentra conformando un gobierno de coalición con La Libertad Avanza, que ya anuncia un ajuste con caída de la actividad económica, despidos masivos y mayor desigualdad«.
«Los fondos de coparticipación para las provincias podrían incrementarse si aportaran más los grandes ganadores de los últimos años: el puñado de grandes empresarios que tuvieron ganancias extraordinarias con la fenomenal recuperación económica tras la pandemia, y que no fueron afectados ni por la guerra ni por la sequía», concluyeron.
Los gremios alertaron sobre esta situación de cara a la próxima gestión, que arrancará a partir del 10 de diciembre. Señalaron que pedidos de este tipo «demuestran que el ajuste va a caer sobre la clase trabajadora, que no solamente sufre la inflación que ya están anunciando y la crisis, sino que también va a tener que pagar el ajuste fiscal con la retención de parte de su salario».
Por eso, tanto la Federación como Soea San Lorenzo reafirmaron que «la única manera de enfrentar la crisis económica es con salarios mínimos y vitales según su definición constitucional y legal que, al tiempo que garantizan una vida digna a los trabajadores, motoricen el mercado interno, generando producción y empleo».
También señalaron que «si insisten en intentar derogar la ley, nos van a encontrar a los aceiteros en la puerta de cada una de las empresas, porque hoy no es simplemente un impuesto, hoy es una ley y un derecho para los trabajadores, y la vamos a hacer respetar».
