Trabajadores de Obras Sanitarias rechazan el proceso privatizador y defienden el agua como derecho humano
El sindicato que los agrupa criticó las declaraciones del presidente Javier Milei con respecto a la empresa estatal y alertó que este proceso pone en riesgo el acceso universal al agua y al saneamiento.
El gremio que nuclea a los trabajadores de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) rechazó este miércoles el proceso de privatización impulsado por el Gobierno de Javier Milei por considerar que la empresa estatal es “una herramienta esencial para garantizar un derecho humano fundamental, el acceso al agua y al saneamiento”.
El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (Sgbatos) salió al cruce de la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial, que busca transferir el 90% de las acciones de la empresa estatal al sector privado en un plazo de ocho meses.
En un comunicado el sindicato, con la firma de su titular José Luis Lingeri, cuestionó las afirmaciones oficiales que califican la gestión estatal de AySA como “ineficiente y costosa” y la ubican como “el segundo peor operador de la región”. Según los trabajadores, el indicador citado mide únicamente la cobertura, ignorando la calidad y el desempeño operativo, lo que lleva a “conclusiones erróneas” sobre el compromiso de los empleados. “Día a día sostenemos el verdadero trabajo y compromiso de la empresa”, afirmaron.
El gremio también expresó dudas sobre la capacidad del sector privado para realizar las inversiones necesarias, estimadas, según el Gobiern en 15.000 millones de dólares, para expandir el servicio a sectores vulnerables que requieren subsidios estatales. “La experiencia histórica demuestra que la lógica del mercado no garantiza inclusión, sino que prioriza la rentabilidad por sobre el acceso universal”, señaló el comunicado.
El sindicato asegura además que “el agua no es una mercancía, es un derecho humano esencial y un bien social que debe estar bajo la órbita del Estado, con gestión profesional y participación activa de sus trabajadores”.
Asimismo afirma que “sostener que la privatización permitirá llegar a los 5 millones de argentinos sin agua y cloacas carece de sustento real”, y resalta que “en un esquema privatizado, nadie asume la responsabilidad de garantizar el acceso al agua y al saneamiento a la población más vulnerable”.