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Los trabajadores del Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) comunicaron este viernes que están en estado de emergencia ante la falta de recursos para poder desarrollar sus tareas cotidianas. Denuncian que el Concejo Municipal aprobó el 22 de febrero pasado la conformación de una mesa de trabajo para encontrar soluciones que garanticen el funcionamiento del área, pero esa articulación todavía no se concretó.

Puntualmente, el proyecto aprobado en el Palacio Vasallo le encomendó al Ejecutivo Municipal conformar una mesa de trabajo con representantes de la Agencia Local de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos e integrantes del Poder Ejecutivo Provincial y de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), junto a los trabajadores del Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) ubicada en Bv. Segui 5440, «a los fines de desarrollar estrategias que garanticen el pleno funcionamiento del DTC».

Aun con este decreto aprobado, las autoridades no se movieron lo suficiente para conformar dicho espacio y los empleados del dispositivo entraron en estado de emergencia.

«Los trabajadores del DTC nos volvemos a declarar en estado de emergencia, ya que hace 40 días, con un alto grado de violencia en zona oeste, no se llevó a cabo la mesa de trabajo de articulación provincial y municipal para tratar la situación que atraviesa el dispositivo», advirtieron este viernes, en un comunicado publicado por ATE Rosario.

«Somos -explicaron- trabajadores profesionales y operadores sociales que percibimos una beca fondo estímulo que se encuentra debajo de la indigencia. Somos quienes trabajamos en el territorio realizando acciones de prevención y acompañamiento en situaciones de consumos problemáticos».

Desde ATE Rosario cuestionaron que los diferentes niveles de Gobierno sigan dilantando las vías de solución para esta problemática y lamentaron que el Estado naturalice las condiciones de precarización a las que somete a sus trabajadores.

«Precisamos trabajo digno para realizar un abordaje estable, recursos y presupuestos acordes al incremento de situaciones de riesgo y consumos problemáticos. Necesitamos un Estado presente, con reales intenciones de garantizar un servicio de prevención para los barrios de la zona oeste, epicentro de amenazas, miedo y violencias, de las cuales también somos víctimas», acentuaron.