Una nueva lista de personas y firmas comerciales, poseedoras de los campos incendiados en las islas entrerrianas frente a la ciudad de Rosario, fue expuesta este lunes por medios de la provincia de Entre Ríos.

Según pudo constatarse, la nómina surgió después del relevamiento que se hizo desde el aire por miembros del Plan Nacional de Manejo del Fuego con cámaras infrarrojas instaladas en avionetas y drones.

En tal sentido, el diario El Argentino de Gualeguaychú afirmó que los titulares son productores ganaderos, conocidos empresarios y personas jurídicas cuyas direcciones están asentadas tanto en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así, el listado está conformado por los rosarinos Federico Facundo Müller, Mauricio Sobrido, David Sobrido, Carlos Alberto Sidoti, Jorge Casals y Daniel Corvalán, como así también Hipólito Maceratesi y Diego Cuello & Stumpo & Crosetti de la ciudad de Santa Fe.

Además, figuran Agustín Corbellini Guilder de Puerto General San Martín y el Establecimiento El Barrancoso de General Lagos.

En tanto, el registro exhibe a los entrerrianos María Isabel Meichtry de Villa Elisa, María Cristina Castiglione y Aníbal Baggio de Gualeguaychú, Ariel Stuker de La Criolla, Amelia Barinoteo de Victoria y José Orlandi de la localidad de Nogoyá.

Finalmente, los asentados en la Capital Federal son Víctor Jarmolinski, Sofía Parera y la empresa Ganadera Copra S.A.

Cabe recordar que estos nombres se suman a los ya imputados Enzo Federico Vignales, Raúl Álvaro Morist y Rachinsky, Esteban Ricardo Morist y Rachinsky, Julián Marcelo Luraschi, Amelia Marta Barinotto y José María Vicenti, todos domiciliados en Rosario, y a Rufino Pablo Baggio de Gualeguaychú.

Todos ellos son acusados de violar los artículos 186 y 194 del Código Penal que alude al “incendio intencional y entorpecimiento de medios de transporte”, como así también a la Ley 24.051 que trata sobre los residuos peligrosos.

Según las versiones expuestas hasta el momento, las tomas de imágenes aéreas fueron derivadas a las autoridades tanto de la provincia de Entre Ríos como también a los organismos nacionales con competencia en el tema.

Asimismo, el portal Era Verde, indicó que los registros fueron elevados a la Justicia Federal para tramitar la causa penal correspondiente.