Luego de que ayer la Policía diera con el «Conejo«, máximo sospechoso del crimen de la joven argentina Lola Chomnalez, todo parecía solucionado. Aparentemente había confesado ser el responsable del delito y su cara coincidía con la del identikit, por lo cual todas las pruebas lo señalaban como el homicida. Sin embargo, la investigación dio un vuelco y el principal sospechoso fue liberado luego de declarar ante la jueza y ser sometido a una rueda de reconocimiento y un careo.

Ninguno de los dos testigos que participaron de la confección del identikit que divulgaron las autoridades uruguayas, un carpintero que aseguró haber visto a una persona caminando atrás de Lola en la playa y el changarín que halló el cuerpo que asegura que había un sujeto cerca del lugar que le llamó la atención, pudieron reconocerlo.

Las pistas que dieron los albañiles que trabajaban junto a «Conejo», que había desaparecido durante tres horas -entre las 15 y las 18, horario en que murió Lola- y regresó después con comida que dijo había comprado con dinero encontrado en la playa, tampoco arrojaron resultados positivos.

Con todo, el «Conejo» quedó libre. Su liberación se sumó a la de otras ocho personas detenidas, entre ellos la pareja de la madrina de la joven Lola.

Como aditamento, la jueza subrogante Marcela López, quien estaba a cargo temporalmente de la investigación, presentó un parte de enferma y adelantó su salida de la causa. El motivo: «estrés«. En su reemplazo, asumirá Silvia Urioste, la magistrada a la que le correspondía el caso en un principio.

Dadas las circunstancias, Jorge Barrera, el abogado de la familia de la adolescente Lola Chomnalez, criticó la falta de pruebas contundentes por el crimen cuya investigación hasta ahora puso bajo la lupa a unas 9 personas detenidas y luego liberadas al no haber una acusación en su contra.

El letrado explicó que la familia se ha «manejado con cautela» y que de su parte seguirán aportando pruebas «en búsqueda de la verdad», y en ese sentido, evitó responder si la sospecha por el crimen está más orientada hacia el entorno familiar o bien alguien ajeno a la adolescente de 19 años.

Según el abogado, de las nueve indagatorias que presenció de personas detenidas y luego liberadas por falta de pruebas, en alguna «sí hubo contradicciones» pero no elementos para dictar un procesamiento, pues «no han existido pruebas contundentes» que lo justifiquen.