Por Alejandro Maidana
Denuncian que sin previo aviso el Estado autorizó a privados a poder llevar adelante un proyecto de extracción de litio. “El cerco mediático hace que no podamos visibilizar la importancia que tiene la defensa de la vida en este bello lugar”, le dijo a Conclusión Verónica, integrante de la Comunidad Santuario de Tres Pozos.
Los pueblos preexistentes siguen siendo aquellos que enarbolando el estandarte de la dignidad, resisten los embates permanentes tanto del Estado como del privado. Organizados en asambleas, buscan que tratados internacionales y leyes nacionales no sean violadas como suele suceder con asiduidad.
De norte a sur, y de este a oeste, la voracidad del mercado se lleva puesto el futuro con excusas empapadas de cinismo. Distintas comunidades indígenas de la Puna de Jujuy, se manifestaron en el acceso al obrador de las empresas que han usurpado el territorio de la Cuenca de Guayatayoc.
El reclamo es muy claro y está repleto de argumentos sólidos, el pedido que se retiren del lugar tiene su anclaje en el atropello explícito de distintos tratados. “El Convenio 169 y la ley nacional 75 inciso 17 son muy claros en torno a las decisiones que debe tomar el Estado. El mismo debe consultarnos antes de ingresar a nuestro territorio, lamentablemente las empresas con intenciones de explotación minera lo hicieron de manera inconsulta”, sostuvo Verónica, integrante de la Comunidad Santuario de Tres Pozos.
Quién también brindó su opinión fue Eva, que integra el poblado de Agua de Castilla, “las empresas son Losi y Ekeko, estas están instalando un campamento minero para iniciar el desarrollo de un proyecto de explotación de litio. Las comunidades entregamos en mano a los encargados una nota en la que solicitamos que se retiren por estar violando nuestros derechos indígenas”, indicó.
La presencia policial es una constante en cada reclamo genuino que llevan adelante los que defienden la tierra, “la primera respuesta del Estado llegó con el envío de tres camionetas policiales, nosotros lejos de confrontar, respondimos anteponiendo nuestros derechos. El gobernador Gerardo Morales ya tiene nuestra nota que intima que en 72 hs estas empresas deben abandonar nuestro territorio”, enfatizó.
Las Salinas y la Laguna de Guayatayoc están en continuo riesgo debido a que aún sigue en pie el concurso de Jemse que invita a presentar proyectos para la explotación del litio. El protocolo de consulta previa (Kachi Yupi) que lleva dos años sin firmarse, es otro de los motivos de lucha por parte de los habitantes del lugar.
Si la falta de respuestas por parte del Estado sigue su curso, las comunidades podrían recrudecer su resistencia, “de no haber una respuesta favorable a nuestro legítimo reclamo, estaremos cortando pacíficamente la ruta nacional 52 ya que es muy transitada por los turistas. Allí aprovecharemos para visibilizar la problemática y charlar con ellos, ya que la defensa que estamos llevando adelante es por la preservación de un lugar tan bello como muy visitado”.
“Necesitamos que todos los medios se hagan eco de nuestra lucha, que la sociedad sepa que las Salinas Grandes están en riesgo. Para nosotros significa seguir con el legado de nuestros abuelos, y para los visitantes, la maravillosa posibilidad de disfrutar de uno de los paisajes más hermosos de nuestro país”, concluyó Verónica.
