Entre los intereses del ladrillo y el futuro energético de Rosario

Integrantes del área de Soberanía Energética del Taller Ecologista mantuvieron una reunión con el subsecretario de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario, Pablo Florio, para discutir el proyecto de ordenanza solar que la organización viene impulsando desde 2022.

Lejos de poder avanzar hacia una política de ciudad alineada con la emergencia climática, el intercambio dejó en evidencia una mirada limitada y marcadamente orientada hacia el mercado.

El encuentro expuso tensiones entre la visión de ciudad impulsada por el municipio y la imperiosa necesidad de incorporar criterios socioambientales en la planificación urbana.

Según relataron miembros de la ONG con 40 años de trabajo, entre los temas, el funcionario expresó que los departamentos que incorporen energía solar “no pueden venderse más caros en el mercado” como si ese fuese un punto clave de la discusión.

El comentario fue realizado tras explicarse que los sistemas fotovoltaicos representan alrededor del 0,8% de la inversión total del inmueble que se mostró en la presentación.

Además, el subsecretario cuestionó la conveniencia técnica de instalar paneles solares, señalando erróneamente que su vida útil sería de apenas 10 años, cuando las certificaciones internacionales garantizan su funcionamiento por más de 25 años y la experiencia local supera ya una década de operación exitosa.

Tales afirmaciones, entre otras, revelan una visión desactualizada frente a las políticas climáticas globales y a la realidad tecnológica actual. “El problema no es el desconocimiento técnico del funcionario público, sino la falta de voluntad política para incorporar la transición energética justa dentro de la planificación urbana”, comentaron desde el Taller Ecologista.

El proyecto de ordenanza solar tiene una larga historia en Rosario. Su primera versión data de 2005, cuando se proponía que tanto el sector público como el privado incorporaran sistemas solares térmicos.

Sin embargo, tras una fuerte presión del sector de la construcción, la normativa finalmente aprobada en 2011 limitó la obligación sólo al sector público. Casi quince años después, la discusión vuelve a abrirse.

El proyecto actual propone extender la obligación al ámbito privado, iniciando por los edificios de mayor superficie, con una implementación gradual y escalonada que permita acompañar a los pequeños desarrolladores. El objetivo no es penalizar, sino estimular una transición urbana equitativa y progresiva, donde todos los actores puedan adaptarse.

Hace más de veinte años que el municipio organiza charlas, talleres y debates sobre la crisis climática y las posibles medidas de mitigación. Sin embargo, esas instancias rara vez (nunca) se traducen en políticas públicas concretas.

El discurso del compromiso ambiental convive con decisiones urbanas que benefician a sectores concentrados, y el caso del actual subsecretario de Planeamiento, no es una excepción.

Aunque el área de Planeamiento no tiene competencia directa sobre la política energética, sí define los criterios que moldean el desarrollo urbano. Por eso resulta llamativo que en ningún momento de la reunión se consultó sobre los impactos ambientales, los beneficios sociales o las oportunidades laborales que implican la adopción de tecnologías solares.

El debate quedó restringido a las dificultades que la tecnología podría traer a los desarrolladores inmobiliarios, como si en lugar de una oficina pública se tratara de una mesa de desarrolladores privados.

Paradójicamente, el Ejecutivo municipal aprobó hace pocos meses una ordenanza que habilita la construcción de torres de hasta 120 metros de altura, una medida que beneficia directamente al sector inmobiliario, al cual pertenece el propio subsecretario de planeamiento. El contraste entre la celeridad con que se aprueban proyectos de alta rentabilidad privada y la postergación de políticas con objetivos socioambientales habla de un modelo de ciudad que sigue priorizando la renta por sobre el bien común.