Por un fallo de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las empresas de delivery Rappi y Glovo, entre otras, se verán obligadas a blanquear a sus empleados en el registro único porteño, además de capacitarlos y equiparlos con la indumentaria adecuada.
La iniciativa surgió tras la muerte de un repartidor en Puerto Norte mientras «desarrollaba su trabajo en el marco de una plataforma digital». Además, según las estadísticas «se registraron 25 accidentes en la vía pública que involucraron a conductores de motos o bicicletas afectadas al servicio de mensajería y reparto a domicilio».
La sentencia de segunda instancia fue emitida por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, que preside el ex procurador del Tesoro Carlos Balvín e integran Fabiana Schafrik y Mariana Díaz, según consignó La Política Online.
En este contexto, el tribunal dio un plazo de sesenta días al gobierno porteño para que determine si corresponde que las compañías en cuestión obtengan las habilitaciones correspondientes, mientras que Rappi y Glovo tendrán 10 días para anotarse.
