El supuesto jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como «los copitos», Gabriel Carrizo, detenido como presunto partícipe del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, continuará detenido, resolvió la Cámara Federal porteña.
Según la Cámara, la investigación «se halla en una etapa de recolección de prueba que debe ser asegurada a los efectos de evitar cualquier posible entorpecimiento (se encuentra pendiente el resultado de diferentes medidas de prueba ordenadas: peritajes de teléfonos, entrecruzamiento de llamados, entre otras)», indicaron voceros judiciales.
Asimismo, “por el momento resultan razonables los peligros procesales que impedirían acceder a liberación solicitada«, resumieron los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
«En el acotado margen de esta incidencia, se tiene en cuenta el hecho de que pudieran existir personas vinculadas a la causa, que aún no fueron habidas, lo que permite presumir que, en caso de recuperar su libertad, Carrizo podría alertar sobre el curso de la pesquisa», subrayaron los magistrados.
Durante una audiencia pública que se extendió durante poco más de una hora en los tribunales de Comodoro Py 2002, la defensa de Carrizo había sostenido este este martes que el imputado «estuvo siempre a derecho y colaboró con la investigación desde el primer momento», sostuvo el defensor. Mientras, el abogado Gastón Marano reclamó que, ante una eventual respuesta negativa del tribunal, se contemple la posibilidad de una prisión domiciliaria o una libertad controlada mediante monitoreo por tobillera electrónica.
La Cámara deberá tratar ese planteo como un incidente aparte, pero manteniendo su resolución de este martes de rechazar la excarcelación. Además, la querella que representa a Cristina Kirchner se opuso a la excarcelación porque consideró que persisten los riesgos procesales de que, en libertad, Carrizo obstaculice la investigación.
Sin embargo, Carrizo, quien asistió a la audiencia por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz, obtuvo autorización para mantener contacto por videollamadas con su familia, especialmente con un hermano que padece una discapacidad que le dificulta el traslado hacia el penal federal bonaerense.
Para la defensa de Carrizo, el detenido colaboró en la investigación, se presentó espontáneamente en calidad de testigo para aportar lo que sabía en relación con el intento de homicidio de la vicepresidenta y sólo brindó colaboración a la también detenida Brenda Uliarte hasta que supo el rol real que le cupo en el ataque.
Además, justificó que todos los intercambios de mensajes vía Whatsapp previos con Uliarte se refirieron a cuestiones laborales vinculadas con la venta de copos de algodón, y que no se desprende de ellos conocimiento o participación en la preparación del intento de asesinato de la vicepresidenta, remarcaron los letrados.
No obstante, para el abogado querellante, Marcos Aldazábal, disintió con la lectura y consideró que de los mensajes de chat se desprende que Carrizo no sólo conocía el plan criminal, sino que participó activamente desde un rol protagónico en su preparación.
Las partes volverán a verse en una nueva audiencia de apelación el próximo 4 de octubre. Carrizo pidió la nulidad de la utilización de la información extraída de su teléfono porque lo entregó voluntariamente en calidad de testigo y el contenido fue utilizado para imputarlo, violando así –entiende- la garantía constitucional contra la autoincriminación.
Además, también planteó la nulidad de la detención, ya que dice haber concurrido a los tribunales de Comodoro Py 2002 para supuestamente recuperar su teléfono celular y cuando arribó al edificio fue esposado por fuerzas de seguridad.
