La paradoja del archipiélago que nunca se fue: crónica de la usurpación británica de 1833 en Malvinas

Desde el mismo amanecer político de 1810, cuando la Primera Junta todavía olía a tinta fresca y la incertidumbre por la reacción de la Corona española recorría cada pasillo de Buenos Aires, la cuestión de las Malvinas ya estaba presente de un modo burocrático pero revelador. Cinco días después de la formación del nuevo gobierno patrio, mientras Belgrano escribía en el Correo de Comercio sobre la necesidad de mirar el mapa y comprender el valor estratégico del Atlántico Sur, entraba en la mesa de entradas de la Junta un expediente firmado meses antes por Gerardo Bordas, último gobernador español del archipiélago.

Bordas reclamaba sueldos atrasados, gratificaciones y el reconocimiento de servicios “equivalentes a los de un buque navegando”. Aquella aparente nimiedad administrativa tuvo el efecto de una señal fundacional: el 30 de mayo de 1810, Cornelio Saavedra y Juan José Paso firmaban una resolución que instruía al Ministro de Marina del Apostadero de Montevideo a pagar “todos los sueldos, gratificaciones, jornales y demás gastos que ocurran en dicho establecimiento o pertenezcan a él”.

El historiador Ernesto J. Fitte desenterró este documento en el siglo XX; su simple existencia muestra que la nueva autoridad revolucionaria asumió sin fisuras la jurisdicción española sobre las islas, conforme al uti possidetis iuris que luego la doctrina convertiría en principio cardinal de la continuidad territorial. La revolución heredaba, administraba y reconocía un espacio que jamás había sido abandonado jurídicamente, aunque la guerra impediría, por un tiempo, ejercerlo materialmente.

Mientras San Martín preparaba sus ejércitos para quebrar la columna vertebral del orden borbónico en Chile y Perú, y mientras la Revolución de Riego de 1820 desbarataba la expedición española que pretendía reconquistar América, las Malvinas desplegaban su geografía en el silencio de la periferia. España había evacuado Puerto Soledad en 1811, dejando constancia formal de sus derechos. El territorio quedó vacío de autoridades, pero no de interés: loberos ingleses y estadounidenses lo depredaban con entusiasmo industrial, diezmando el ganado cimarrón y las poblaciones de lobos marinos. Las Provincias Unidas, empeñadas en sobrevivir a guerras civiles, invasiones realistas y expediciones portuguesas, tenían poco margen para enviar una administración regular a un archipiélago remoto, pero el derecho seguía allí, intacto.

Recién en 1820, cuando la independencia ya había sido declarada y el nuevo Estado buscaba consolidar aquello que había heredado, se tomó la decisión política de ejercer la posesión efectiva. El 6 de noviembre de ese año, la fragata ARA Heroína, al mando del coronel David Jewett, un estadounidense nacionalizado argentino, disciplinado y metódico, entró en la bahía de Puerto Soledad. Allí, frente a loberos y marineros de toda procedencia, Jewett izó la bandera celeste y blanca y leyó una proclama fechada dos días antes. Afirmó que tomaba posesión en nombre de las Provincias Unidas “a las que pertenecen por la Ley Natural”. Nadie protestó. No lo hizo España, ocupada en su propia desintegración; tampoco lo hizo Gran Bretaña, que desde 1774 jamás había vuelto a ejercer autoridad sobre el archipiélago; tampoco los Estados Unidos, cuyos loberos operaban desde hacía décadas sin pedir permiso a nadie. El silencio diplomático fue total. Jewett se convirtió así en el primer comandante militar argentino de las islas, seguido por Guillermo Mason, segundo comandante por un breve período, mientras el nuevo Estado intentaba consolidarse.

El gobierno argentino no se limitó a un acto simbólico: nombró comandantes, extendió concesiones y otorgó derechos de explotación. En 1823, Jorge Pacheco y Luis Vernet recibieron autorización para aprovechar el ganado y los lobos marinos de la Isla Soledad. Vernet, nacido en Hamburgo en 1791, casado con María Sáez desde 1819 y de espíritu empresarial inagotable, terminó siendo el motor de la colonización efectiva. En 1828, bajo los gobiernos de Dorrego y Balcarce, se ampliaron las concesiones: Vernet recibió gran parte de la Isla Soledad y la Isla de los Estados, con diez leguas reservadas para el Estado. Es decir: el gobierno regulaba, otorgaba permisos, aplicaba derechos soberanos. Nada de eso fue cuestionado por el Reino Unido, que en 1825 había firmado el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación reconociendo la independencia argentina y estableciendo una relación bilateral normalizada. En ese contexto de silencio británico, Vernet avanzó.

El 10 de junio de 1829, el gobierno de Buenos Aires tomó la decisión que consolidó la presencia: la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y Adyacentes al Cabo de Hornos. El decreto fijó residencia en la Isla de la Soledad, ordenó instalar una batería bajo bandera argentina y estableció que el comandante debía hacer respetar las leyes nacionales y los reglamentos sobre pesca. Ese mismo día, Luis Vernet fue nombrado Primer Comandante Político y Militar. Fue una designación de pleno derecho, fundamentada en la sucesión de la posesión española y en la continuidad normativa del Estado.

La colonia funcionaba. Puerto Soledad pasó a llamarse Puerto Luis. La población estable superó las 120 personas, con gauchos, criollos, libertos, alemanes, ingleses y familias enteras. La esposa de Vernet, María Sáez, llegó el 15 de julio de 1829 con sus hijos Emilio, Luisa y Sofía. Allí daría a luz a Malvina el 5 de febrero de 1830: no hay símbolo más elocuente del arraigo. La economía era productiva y variada: ganadería semi-salvaje manejada por gauchos expertos, caza de lobos y focas, salazón de pescado y comercio con Buenos Aires. Entre los colonos había ingleses, lo que prueba que la presencia argentina no constituía obstáculo alguno para la vida cotidiana de súbditos británicos.

Pero la prosperidad de Vernet tenía un enemigo: los loberos estadounidenses, que practicaban una explotación ilimitada. Vernet intentó regular la actividad. Envió circulares, advirtió a los capitanes y, luego de reiteradas violaciones, detuvo tres buques norteamericanos: la Harriet, la Brukwater y la Superior. El gobierno de Buenos Aires respaldó su accionar. El cónsul estadounidense en la ciudad, George W. Slacum, protestó, y el gobierno argentino lo desautorizó: era un asunto entre Estados, no entre un comerciante disfrazado de diplomático y un gobernador legítimo.

La respuesta de los Estados Unidos fue brutal. El 27 de diciembre de 1831, la corbeta USS Lexington, comandada por Silas Duncan, irrumpió en Puerto Luis bajo bandera francesa. Desembarcó tropas, desmanteló cañones, quemó pólvora, saqueó depósitos, apresó colonos y destruyó la colonia. Se llevó prisionero a Mateo Brisbane, segundo de Vernet, y a otros pobladores. Cuando zarpó, dejó un asentamiento arruinado, semidesierto y sin autoridad. Vernet estaba en Buenos Aires defendiendo su accionar cuando recibió la noticia. El ataque fue denunciado por Estanislao López, gobernador de Santa Fe, quien el 9 de marzo de 1832 publicó en la Gaceta Mercantil una carta lapidaria: calificó la agresión como “tan contrario al derecho de las naciones” y exigió al gobierno porteño una respuesta diplomática acorde a la magnitud del atropello. Ese documento demuestra que la defensa de la soberanía sobre las islas no era una obsesión de Buenos Aires, sino un consenso federal.

El gobierno argentino reaccionó enviando un nuevo Comandante Político y Militar: el mayor José Francisco Mestivier. Llegó a las islas en la goleta ARA Sarandí, al mando del teniente coronel José María Pinedo. Pero los estragos de la Lexington y las tensiones internas provocaron un estallido: Mestivier fue asesinado en noviembre de 1832 en un motín de sus propios subordinados. Pinedo quedó al frente de la guarnición mientras esperaba refuerzos. Buenos Aires insistía en reconstruir la colonia, pero el tiempo jugaba en su contra: mientras Argentina enfrentaba el vacío dejado por la agresión estadounidense, el Reino Unido, que llevaba más de medio siglo sin intervenir ni protestar seriamente, decidió que era el momento de actuar.

El 3 de enero de 1833, la HMS Clio, comandada por el capitán John James Onslow, entró en Puerto Soledad con la fría determinación del imperio que se sabe en ascenso. Onslow intimó a Pinedo a arriar la bandera argentina y entregar las islas. Alegó derechos que el propio Reino Unido había dejado dormir desde 1774, derechos que no habían sido mencionados ni en 1820 cuando Jewett tomó posesión, ni en 1825 cuando se firmó un tratado bilateral, ni en 1829 cuando Vernet fue designado oficialmente. La intimación británica se impuso no por derecho sino por cañones. La superioridad militar era aplastante. Pinedo tenía hombres cansados, una goleta menor y un motín reciente. La Clio tenía artillería de guerra, tripulación disciplinada y órdenes precisas. Pinedo decidió retirarse con su bandera y su tropa en la Sarandí. No había capitulación: había una retirada forzada, ante una potencia que suplía con intimidación lo que no tenía en legitimidad.

Con la salida de la Sarandí, la población criolla quedó a merced de los británicos. Muchos fueron obligados a permanecer. En los meses siguientes, los británicos traerían al comandante William Low para afianzar el control y, luego, a un administrador instalado para garantizar la continuidad de la ocupación. Ese hecho, la usurpación del 3 de enero de 1833, no fue el comienzo de ninguna soberanía británica, sino la interrupción violenta de una soberanía argentina ejercida de modo efectivo, documentado y reconocido internacionalmente por omisión diplomática durante más de una década.

La historia de Malvinas entre 1810 y 1833 no es un laberinto de grises, sino una línea clara que muestra continuidad administrativa, jurídica y territorial por parte de la Argentina, y dos actos de fuerza por parte de potencias extranjeras. Primero los Estados Unidos, con su intervención ilegal en 1831; luego el Reino Unido, con una ocupación militar que aún perdura. Lo demás, las excusas diplomáticas, los relatos revisionistas, las invenciones tardías, solo buscan administrar la incomodidad moral de un hecho evidente: el 3 de enero de 1833, Gran Bretaña expulsó por la fuerza a una autoridad argentina legítima que actuaba dentro de su jurisdicción heredada, ejercida y documentada desde la Revolución de Mayo.

Si algo demuestra esta cronología es que la historia no siempre es un campo de disputa: a veces es simplemente un espejo, y lo que refleja es demasiado claro como para fingir que no lo vemos.