Por Guido Brunet
Hasta 2005 la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, era conocida mayormente por la gran producción de sus comparsas en carnaval y sus coloridad y multitudinarias celebraciones durante la festividad de febrero, pero desde ese año la localidad entrerriana también se convirtió en sinónimo de luchas ambientales. Es que la población libró una férrea batalla en defensa del medio ambiente al oponerse masiva y activamente a la instalación de la papelera Botnia en Fray Bentos, Uruguay, frente a sus costas.
Una ciudad, Gualeguaychú, se comprometió para frenar la instalación de la papelera, posición que adoptó gran parte de la opinión pública argentina. Pero el conflicto poco a poco fue escalando y llevó las relaciones bilaterales a su peor nivel.
Actualmente Uruguay está en pleno desarrollo de la segunda planta de pasta de celulosa finlandesa Orión (ex Botnia, y en 2009 adquirida por la empresa UPM, de la misma nacionalidad), un megaproyecto forestal considerado la inversión privada más grande en la historia del país. Aunque desde sectores ambientalistas de las dos orillas también se oponen a su construcción.
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El conflicto por las papeleras será difícil de olvidar para gran parte de la sociedad, incluso de quienes viven en tierras lejanas a las involucradas. Ya que la relación de hermandad con Uruguay pareció romperse en ese momento, y no fueron pocas las secuelas que quedaron tras esta situación.
Ciudad movilizada
La papelera Botnia generó un conflicto entre Uruguay y Argentina que incluyó protestas de ambientalistas, cortes de puentes internacionales, un pedido de ayuda del entonces presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, a su par estadounidense George Bush, la mediación del rey de España Juan Carlos I y denuncias ante la corte de la Haya.
Las jornadas de protesta de 2005 resultaron históricas. Más de 30 mil personas se movilizaron en una localidad de 80 mil habitantes, para lo que cortaron el puente Libertador General San Martín, que une las dos naciones. Mientras que para Fray Bentos la pastera traería trabajo y progreso.
Gustavo Rivollier fue coordinador de la Asamblea de Gualeguaychú durante esos años de militancia ambiental y actualmente pertenece a la ONG Fundavida. “La causa marcó un hito en el país. Como movimiento social eramos muy fuertes. Era un voluntariado tremendo. Eramos una ciudad movilizada. En la ruta había 20 o 30 mil personas protestando”, recordó en diálogo con Conclusión.
“Los primeros tiempos de la Asamblea fueron una escuela. Hicimos un curso acelerado en Ambiente. En un momento teníamos asambleas todos los días. Invitamos a gente de distintos países, que después empezaron a venir solos”, continuó reviviendo el ambientalista de Gualeguaychú.
“No respetaron el Estatuto del Río Uruguay ni el digesto del río”, que se aplica cuando las industrias vuelcan efluentes allí, y que marca que todo lo que efecte a ese río debe ser informado de un país al otro.
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“El digesto dice que el volcado de los efluentes tiene que ser a una temperatura que no altere el orden natural del agua. Ellos le permitieron volcar hasta 45 grados. Esas normas las fueron adaptando a las necesidades de ellos”, denuncia Rivollier.
“Estos valores son contaminantes”, reclama el entrerriana, al tiempo que enfatiza que el agua del río Uruguay es la que utilizan los pobladores de Fray Bentos para el consumo diario, aunque no así Gualeguaychú, que extrae agua de otro lugar.
“Nadie discute los análisis, decimos que los parámetros con que se juzgan fueron modificados por el Gobierno uruguayo. En el Gobierno de Macri se comenzaron a publicar datos pero tomando como referencia los parámetros determinados por Uruguay. Y antes de irse Macri deja firmada la modificación del digesto. Pero para que eso esté vigente tiene que pasar por el Congreso, entonces todavía no rige. Ese es el meollo de esto. Pero el comité científico toma los parámetros uruguayos. Lo mínimo que hay que hacer es pedir la renuncia del comité científico”, dijo categoricamente Rivollier.
«La Haya nos dio la razón. En 2010 sale el fallo, que dice que Argentina tiene razón, hay contaminación pero no la vincularon con la pastera. Uruguay es condenado porque no presentó a Argentina los estudios de impacto ambiental ni nada. Es la primera vez que la Corte de la Haya dice que un Estado obró de mala fe. Dictaminó que debe controlar la pastera junto con Argentina. Pero no dictaron que se desarme la pastera», destaca el excoordinador de la Asamblea.
Segunda planta
La segunda pastera de UPM estará ubicada en Pueblo Centenario, a orillas del Río Negro y a unos 200 kilómetros de Fray Bentos. Con respecto a la instalación de esta planta desde la organización ambientalista de Gualeguaychú Fundavida denunciaron que la empresa aún no ha cumplido con requisitos que debían ser previos a la fase de construcción. “Una condición fundamental es asegurar que la dilución de los efluentes de la planta de celulosa no aumente la contaminación del río. Otra es la información sobre la situación del medio ambiente en la zona de influencia de la planta de celulosa, que debe recogerse antes de iniciadas las obras pero aún no ha sido completado”, explicaron.
“Todos los planes de monitoreo debían estar prontos en un plazo máximo de 6 meses desde la autorización del proyecto el 14 de mayo de 2019, para disponer de no menos de 2 años de mediciones previo al inicio de la operación del proyecto y al menos un año de mediciones previo al inicio de actividades de construcción. Como es notorio, las actividades de construcción se iniciaron sin cumplir con este requisito”, indicaron desde la ONG.
Mientras que sobre la segunda papelera Rivollier dice: “La están haciendo el Río Chico. El volcado sobre el río Negro puede llegar a afectar a Gualeguaychú. Además, hay ciudades grandes que toman agua del río Negro”.
Contaminación
En el año 2018 Uruguay sancionó a la papelera por exceder con los límites de contaminación. La empresa finlandensa fue multada por verter sustancias contaminantes en una cantidad que supera lo permitido en el río Uruguay.
Anteriormente, en 2016, seis años después del fallo de la Corte Internacional de Justicia, el monitoreo conjunto que realizaron la Argentina y Uruguay en la zona de influencia de la papelera Orión (UPM ex-Botnia) reveló que la planta contaminó el río Uruguay.
El estudio que midió valores entre junio de 2011 y julio de 2015 aseguró que la pastera registró «apartamientos de la normativa» en cuatro puntos de los más de 30 medidos, aunque el Comité Científico de expertos que analizó la información no contó con un dato necesario para completar el examen: la cantidad de celulosa que produjo la ex-Botnia durante el lapso en el que se tomaron las muestras.
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El informe analizó «los efluentes del proceso industrial y las descargas de las piletas de pluviales de la Planta Orión». Allí se encontraron parámetros normales de «sólidos suspendidos totales, sulfuros, DBO5, detergentes, sustancias fenólicas, caudal, amoníaco total, fósforo total, coliformes fecales, arsénico, cadmio, cobre, cromo total, mercurio, níquel, plomo, cinc, aldrín, dieldrín, clordano, DDT, endosulfán, endrín, heptacloro, heptacloro epóxido y lindano», entre otros.
En tanto, se registraron «apartamientos en la normativa» en «sólidos retenibles en varias ocasiones, previo a mayo de 2014». Al respecto, se explicó: «Se colocaron rejas a la salida de los clarificadores secundarios, de carácter móvil en mayo de 2014 y permanente a partir de agosto del mismo año, no volviéndose a detectar tales materiales a partir de ese momento».
En cuanto a la «presencia de aceites y grasas en el efluente del proceso industrial por encima del valor establecido por la normativa«, sólo hubo «un único ingreso de los 50 realizados (enero de 2014)».
La «temperatura del efluente por encima del máximo de 37º C establecido» se registró «en dos ocasiones (febrero y abril de 2015), respecto del límite de 30º C». Además, hubo un «pH con un único valor por encima del estándar establecido para la salida de la pileta de pluviales No. 4, en el ingreso de noviembre de 2011″.
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«Respecto de la exigencia para la carga específica por unidad de producción promedio anual máxima admisible (masa de sustancia por unidad de producción), el Comité Científico solicitó a la CARU (Comisión Admistradora del Río Uruguay) el detalle de producción de celulosa en el período informado para poder realizar la evaluación pertinente, pero no se alcanzó a contar con dicha información al momento de elaborar el informe», se advirtió.
El estudio también analizó las condiciones ambientales en el río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay y en este último en la zona de influencia de la planta Orión, donde también se encontraron «apartamientos de la normativa».
De acuerdo con «los resultados obtenidos para el río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay», el informe afirmó que se superó el límite en la presencia de «aluminio, amonio, atrazina, berilio, cadmio, fenoles totales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, hidrocarburos del petróleo, hierro, manganeso y níquel».
Por su parte, en el «río Uruguay en la zona de influencia de la planta Orión y el río Gualeguaychú» se hallaron «apartamientos en la normativa» en los niveles de «hierro, aceites y grasas, oxígeno disuelto, fenoles, cobre, cromo, níquel y PCBs».
Cronología de un conflicto
En 2005 comenzaron las obras con un capital de 1.100 millones de dólareas (la inversión extranjera más importante de la historia uruguaya hasta el momento) y con ellas los bloqueos por parte de la población de Gualeguaychú que insistía en que las papeleras contaminarían el río Uruguay. En diciembre, Argentina le notifica a Uruguay que considera que con la instalación de la planta se viola del tratado bilateral que exige informar sobre cualquier obra fronteriza.
En 2006, el litigio llegó a la escena internacional. Néstor Kirchner, presidente en aquel momento se reunió en Chile con su par uruguayo, Tabaré Vázquez, y le pidió la suspensión de las obras por 90 días, mientras que Vázquez exigía el levantamiento de los cortes de carreteras.
Meses después, Kirchner decide llevar el conflicto ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda, por la presunta violación del Estatuto del río Uruguay.
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Luego llegaría el golpe mediático más grande del conflicto. Una mujer entrerriana irrumpió con vestuario de carnaval en la Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Viena. La modelo y ecologista Evangelina Carrozo (quien luego participaría de diversos programas de televisión) se presentó -ante la atenta mirada de todos los presidentes- sosteniendo un cartel que decía: «Basta de papeleras contaminantes».
La Haya rechazó en julio la petición adicional realizada por Agentina para que se suspendan las obras. El Banco Mundial otorgó en noviembre un crédito de 170 millones de dólares para financiar la construcción de Botnia.
En tanto, en el Mercosur, Uruguay respondió planteando el litigio ante el Tribunal Arbitral del Mercosur bajo el argumento de que los bloqueos impiden la libre circulación de bienes y personas. La instancia arbitral falla a favor de Uruguay.
Para destrabar los cortes el presidente uruguayo decidió enviar militares para custodiar la obra de Botnia. Y en diciembre, los ambientalistas responden cortando por primera vez los tres puentes que unen ambos países. Tras esto, los gobierno de ambos países realizaron reuniones con la mediación española, pero sin avances significativos.
La papelera comienza a funcionar el 12 de de 2007 con una perceptible emisión de olores. Los ambientalistas argentinos denuncian intoxicaciones, mientras que la empresa asegura que las emisiones son inocuas. Y el 8 de febrero de 2008, un obrero que trabajaba en la fábrica muere en un accidente.
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El 20 de abril de 2010, la Corte Internacional de Justicia resolvió de forma definitiva el litigio. Decidió que Uruguay incumplió disposiciones internacionales al autorizar la instalación de las pasteras aunque afirmó que «no hay motivos» para ordenar el desmantelamiento de la planta finlandesa.
En enero de 2011, Argentina difunde su primer informe sobre la planta y manifiesta preocupación por el uso del “método de dilución” para tratar efluentes. En octubre, Tabaré Vázquez reveló que analizó la posibilidad de un conflicto bélico con Argentina, para el cual llegó a pedir apoyo a Estados Unidos.
Ya en octubre de ese año, el presidente uruguay José “Pepe” Mujica anuncia que podría autorizar a UPM a aumentar su producción en 100 mil toneladas anuales siempre que cumpla unos requisitos medioambientales. Finalmente se realiza la autorización a la papelera para aumentar su producción.
Separados y unidos por un río
El río separa dos pueblos, dos países, pero que a su vez los une. Ese lazo entre los habitantes de Fray Bentos y los de Gualeguaychú se deterioró tras el conflicto. «Las relaciones quedaron tocadas. Ellos dicen que Tabaré usó un falso nacionalismo contra los argentinos. También dicen que no es el desarrollo que les prometieron, ni la cantidad de puestos de trabajo», comenta sobre esto Rivollier.
El ambientalista endilgó responsabilidades a los gobernantes, tanto provinciales como locales: «Esto no se arregla con notas. El reclamo tiene que ser más fuerte y directo. Pero se tapa todo, lo mismo pasa con las fumigaciones«.
“Se votó la ley de la madera que establecía que no podían salir rollizos de Entre Ríos sin tener valor agregado. Pero Bordet la derogó. Hoy hay una empresa acá que le vende troncos de eucaliptus a la pastera. Y el puerto de Concepción del Uruguay lo único que exporta son rollizos de madera”, detalló Rivollier. “No creo que falte educación, es un problema de conciencia. Entonces el Estado tiene que invertir más plata en hospitales por los problemas que genera la contaminación, es un círculo vicioso”, agregó.
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Por otro lado, se podría plantear un paralelismo entre la quema en las islas pertenecientes a Entre Ríos frente a Rosario. Ya que el humo contamina el aire de toda la región ubicada del lado santafesino. Como sucede con Fray Bentos y Guleguaychú, lo que pasa del otro lado del río, afecta al “vecino de enfrente”.
“Todo esto es por la extensión de las áreas de negocios. Nosotros siempre fuimos muy duros y hace años que venímos denunciando que el Gobierno entrerriano quiere habilitar esas zonas protegidas para los agronegocios. Lo intentó Uriibarri con un proyecto del Congreso, que tuvieron que derogar porque era escandaloso. Y lo sigue haciendo este Gobierno. La cercanía de Bordet con la mesa de enlace nadie la puede negar”, enfatizó Rivollier.
“Las expectativas no son buenas. Espero que reaccionemos y que no sea tarde. Estamos perdiendo el río Uruguay, si no está perdido ya. Fósforo y nitrógeno es alimento para las bacterias. Estos son malo manejos, malas decisiones”, se lamenta el entrerriano.
