Memoria Austral: la invasión británica de 1788 en Tierra del Fuego y la Isla de los Estados
En este capítulo del ciclo que pretende escudriñar en profundidad la historia de las Islas Malvinas, Alejandro Maidana y Juan Facundo Besson indagan sobre la quinta pata del león británico.
Cuando se examina la historia de la Isla de los Estados y de Tierra del Fuego, no puede entenderse sin reconocer el papel decisivo de España en la afirmación de soberanía sobre el Atlántico Sur. La invasión británica de 1788, lejos de ser un episodio aislado, constituye un alegato histórico que demuestra la tenacidad española frente a las ambiciones imperiales rivales. La Isla de los Estados, con su relieve abrupto y clima inhóspito, ofrecía una posición estratégica para vigilar el estrecho de Le Maire, paso obligado para toda nave que transitara entre el Atlántico y el Pacífico.
Lo que a ojos de Londres podía parecer un confín olvidado, para la Corona española era un punto clave para proteger la integridad de su imperio y asegurar la continuidad de la presencia hispana en los confines australes. El antecedente de esa intrusión británica se encuentra en la persistente amenaza que representaba Gran Bretaña sobre los dominios españoles desde mediados del siglo XVIII. La creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 fue un acto consciente de consolidación territorial, pero la administración por sí sola no bastaba: era necesario materializar presencia efectiva.
Ya en 1768, el capitán Francisco Bucareli había advertido que las costas fueguinas eran vulnerables y que se requerían puestos de vigilancia para desalentar “presencias extranjeras”. España entendía que defender el Atlántico Sur implicaba desplegar recursos limitados con inteligencia, combinando expediciones de reconocimiento, mapas detallados y guarniciones temporales, consolidando así un modelo de soberanía basado en hechos concretos.
El desembarco británico de 1788 en la isla Grande de Tierra del Fuego y en la Isla de los Estados, con la creación de la colonia “Nueva Irlanda”, constituyó un desafío directo a esa estrategia hispana. El propio capitán español Ramón de Clairac y Villalonga documentó que los ingleses habían instalado allí una población con edificaciones rudimentarias y depósitos de víveres, pretendiendo transformar el territorio en un enclave de observación y apoyo a la navegación hacia el Pacífico. Este acto revela la lógica de un imperio dispuesto a proyectar fuerza incluso en territorios inhóspitos, buscando alterar el equilibrio de poder en la región.
La respuesta española no se hizo esperar y representa un alegato en favor del imperio hispano y de sus derechos históricos. El virrey Nicolás del Campo, marqués de Loreto, ordenó desalojar a los intrusos, conscientes de que cualquier asentamiento británico consolidado pondría en riesgo la soberanía sobre el extremo austral. Entre 1790 y 1791, las fuerzas enviadas desde el Virreinato del Río de la Plata ejecutaron operaciones exitosas que expulsaron a los ocupantes de la isla Grande de Tierra del Fuego y de la Isla de los Estados sin necesidad de un conflicto mayor.
La acción militar fue complementada por la diplomacia: el Tratado de San Lorenzo del Escorial de 1790 obligó a Gran Bretaña a comprometerse a no establecer asentamientos en las costas sudamericanas ocupadas por España, un reconocimiento tácito de la soberanía hispana en el Atlántico Sur.
Este episodio histórico adquiere resonancia contemporánea. La invasión británica de 1788 revela que la disputa no era solo por territorios fértiles o poblados, sino por espacios estratégicos cuyo control marítimo definía la hegemonía global. España demostró que con recursos limitados podía sostener su presencia y ejercer soberanía efectiva mediante una combinación de vigilancia, administración y proyección simbólica. Nombrar, cartografiar y establecer guarniciones equivalía a ejercer derechos legítimos, un legado que hoy los Estados hispanoamericanos reivindican frente a las aspiraciones del Reino Unido y otras potencias de la OTAN.
La intrusión británica también generó un clima de alerta en toda la Patagonia. El virrey Nicolás de Arredondo denunciaba que fragatas británicas recorrían la costa entregando regalos a pueblos indigenas para inducirlos a hostigar los asentamientos españoles: “Emisarios bajados de una fragata en la costa patagónica, regalaban a los indios abalorios y sables, indicándoles que debían usarlos para cortar cabezas de cristianos” (Fitte, 1995, p. 103). Esta maniobra evidencia que la política británica combinaba diplomacia informal, influencia sobre las poblaciones locales y la intención de establecer presencia efectiva, todo lo cual España supo contrarrestar con inteligencia y firmeza.
La defensa española de la Isla de los Estados entre 1790 y 1791 no es solo un triunfo militar: es un antecedente jurídico y simbólico que sustenta los reclamos soberanos de Argentina en el Atlántico Sur. Cuando en 1811 España retiró la guarnición de las Malvinas por necesidades estratégicas, no renunció a sus derechos; y las Provincias Unidas del Río de la Plata asumieron la soberanía heredada bajo la doctrina de sucesión de estados (Vázquez, 2015). Este hilo de continuidad demuestra que la historia no se interrumpe: los actos de España en los confines australes son parte de la memoria histórica que hoy se proyecta en la defensa de la soberanía hispanoamericana.
La invasión británica de 1788 también pone de relieve la naturaleza de las ambiciones imperiales y la resistencia hispana. Londres concebía incluso territorios inhóspitos como inversiones estratégicas para controlar rutas globales; España respondió con presencia efectiva, diplomacia y alianzas locales. Este enfrentamiento histórico sigue vivo en la conciencia colectiva: la lucha por el Atlántico Sur no concluyó en el siglo XVIII, sino que persiste en el plano diplomático, jurídico e histórico. La Isla de los Estados y Tierra del Fuego son símbolos de una herencia que conecta pasado y presente, una historia que los Estados hispanoamericanos recuperan como parte de su identidad, reafirmando que la soberanía conquistada y defendida por España no puede ser olvidada ni minimizada.
En definitiva, la invasión británica de 1788 y la firme reacción española constituyen un alegato contundente en favor de la continuidad histórica de América austral, demostrando que la soberanía puede defenderse incluso en territorios remotos e inhóspitos mediante la combinación de estrategia, diplomacia y determinación; esa experiencia no solo consolida la narrativa de los Estados hispanoamericanos frente al Reino Unido, sino que también ilumina la lucha contemporánea contra el poder blando británico, que se manifiesta en concursos de becas que promueven una visión complaciente de los ocupantes ilegítimos de Malvinas, en campañas de difusión que naturalizan su control, también ante la persistente militarización y explotación extractiva de los recursos del mar circundante del archipiélago; comprender esta continuidad histórica es esencial para reiniciar un camino virtuoso que fortalezca la alianza entre pueblo y fuerzas armadas, recupere los puntos estratégicos que sostienen la dependencia económica y reinstaure la noción de nación en armas, entendida no como recurso bélico abstracto sino como principio organizador de la política soberana y de la conciencia colectiva; solo así la memoria histórica se transforma en guía para la acción contemporánea, convirtiendo la defensa de los confines del Atlántico Sur en una política de soberanía activa y sostenida, que asegura que los territorios del extremo austral no sean meros puntos en un mapa, sino espacios bajo control efectivo y legítimo de los pueblos que los habitan.