Memoria Austral: Malvinas en el laberinto de la descolonización

Existe una operación discursiva cuidadosamente construida por la diplomacia británica y reproducida por buena parte de la academia anglosajona: reducir la cuestión Malvinas a un supuesto conflicto “entre argentinos e isleños” o de la seducción de “los argentinos a los isleños”. La fórmula parece inocente, pero encierra una maniobra conceptual decisiva. Su objetivo consiste en borrar el carácter colonial del problema y transformar una disputa histórica de soberanía en una discusión humanitaria sobre los deseos de una población implantada por la potencia ocupante. En otras palabras, desplazar el eje desde el colonialismo hacia la autodeterminación. El problema es que la cuestión Malvinas jamás surgió como un conflicto étnico ni comunitario: nació como consecuencia directa de una ocupación territorial británica ejecutada en 1833 sobre un territorio heredado por la Argentina de la monarquía española mediante el principio de uti possidetis iuris.

Para comprender la dimensión real del problema es necesario abandonar las lecturas superficiales y observar el fenómeno en una escala histórica más amplia. El Imperio británico no constituyó simplemente una expansión territorial gigantesca: fue una concepción específica del orden mundial. Desde sus orígenes modernos, Inglaterra comprendió que el poder global no dependía únicamente de grandes ejércitos continentales, sino del dominio de las rutas marítimas, de los corredores oceánicos y de los puntos estratégicos capaces de garantizar circulación comercial y proyección militar. Gibraltar, Suez, Singapur, Ciudad del Cabo, Ascensión y Malvinas integraron precisamente esa arquitectura marítima imperial destinada a controlar los flujos globales del capitalismo británico. Las islas del Atlántico Sur jamás fueron un enclave periférico; formaron parte de una estructura geopolítica cuidadosamente diseñada por el Almirantazgo británico.

La magnitud histórica de esa expansión resulta difícil de dimensionar. Diversos estudios historiográficos sostienen que Inglaterra y posteriormente el Reino Unido intervinieron militarmente, ocuparon, invadieron o combatieron en aproximadamente el 90 % de los países actualmente reconocidos por Naciones Unidas. Stuart Laycock, en All the Countries We’ve Ever Invaded (2012), calculó que sólo 22 Estados del mundo jamás experimentaron alguna forma de incursión militar británica. La cifra posee una fuerte carga simbólica, pero refleja una realidad estructural: el Imperio británico construyó una red planetaria de intervención política, naval y militar sin precedentes históricos. La expansión inglesa no fue episódica; constituyó un fenómeno sistémico de alcance global.

Esa expansión imperial descansó además sobre una profunda construcción ideológica y jurídica. El derecho internacional clásico europeo permitió distinguir entre pueblos “civilizados” y “no civilizados”, entre soberanías plenas y sociedades consideradas políticamente inferiores. Conceptos como terra nullius o res nullius funcionaron como herramientas de legitimación colonial. Bajo esa lógica, territorios habitados podían considerarse jurídicamente vacíos si sus poblaciones no respondían a los parámetros institucionales europeos. Australia constituye el ejemplo paradigmático: millones de pueblos fueron jurídicamente invisibilizados porque el Imperio británico consideraba que no poseían formas políticas “civilizadas”. Anthony Anghie sostiene acertadamente que el derecho internacional moderno nació profundamente atravesado por la experiencia colonial y por la necesidad británica de justificar la expansión imperial. El colonialismo no operó al margen del derecho internacional; se integró plenamente a su estructura fundacional.

Durante el siglo XIX esa racionalidad imperial adquirió un carácter todavía más brutal mediante el auge del positivismo y del darwinismo social. Herbert Spencer trasladó categorías biológicas al plano político y sostuvo que la evolución histórica respondía a la “supervivencia del más apto”. La dominación colonial comenzó entonces a presentarse como consecuencia natural del progreso civilizatorio. El imperialismo británico ya no aparecía solamente como una práctica de fuerza, sino como una misión moral destinada a expandir la civilización anglosajona sobre sociedades consideradas atrasadas. Cecil Rhodes sintetizó crudamente esa lógica cuando afirmó: “somos la mejor raza del mundo” (como se cita en Kiernan, 1982, p. 145). Rudyard Kipling convertiría esa arrogancia racial en doctrina cultural mediante The White Man’s Burden, donde la expansión colonial era presentada como un supuesto deber moral del hombre blanco.

A comienzos del siglo XX, el Reino Unido controlaba aproximadamente una cuarta parte de la superficie terrestre y gobernaba centenares de millones de personas. La Royal Navy garantizaba el dominio oceánico mundial; la City londinense funcionaba como principal centro financiero internacional; la libra esterlina operaba como moneda de referencia global. El Imperio se organizaba alrededor de una compleja red de colonias, protectorados, dominios autónomos y enclaves estratégicos. La diferencia entre estas categorías no era meramente administrativa: reflejaba jerarquías raciales y políticas cuidadosamente estructuradas. Los territorios de poblamiento blanco —Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica— recibían crecientes niveles de autonomía; Asia y África permanecían sometidas a esquemas mucho más rígidos de subordinación. El imperialismo británico jamás administró sus territorios bajo criterios igualitarios: organizó una geografía imperial estratificada según utilidad estratégica y composición étnica.

Sin embargo, el siglo XX comenzó lentamente a erosionar esa estructura. La Primera Guerra Mundial debilitó gravemente a las potencias europeas y fortaleció el ascenso estadounidense. Millones de soldados provenientes de colonias combatieron por imperios que simultáneamente les negaban derechos políticos básicos. India aportó más de un millón de hombres al esfuerzo bélico británico; Canadá, Australia y Nueva Zelanda consolidaron crecientes identidades nacionales autónomas. Paralelamente, los célebres “14 puntos” formulados por Woodrow Wilson en 1918 introdujeron el lenguaje de la autodeterminación de los pueblos. Wilson sostenía que “las aspiraciones nacionales deben ser respetadas” (Wilson, 1918/2003, p. 536). El problema radicaba en que esa autodeterminación parecía diseñada exclusivamente para reorganizar Europa oriental tras el colapso de los imperios derrotados, no para desmontar los sistemas coloniales británicos o franceses. Occidente hablaba de libertad mientras seguía gobernando enormes estructuras imperiales.

La Sociedad de las Naciones profundizó esa contradicción mediante el sistema de mandatos. Antiguos territorios alemanes y otomanos fueron redistribuidos entre las potencias vencedoras bajo una nueva legitimación jurídica basada en la “tutela civilizatoria”. Palestina, Irak y Tanganica quedaron bajo administración británica. Formalmente ya no eran colonias; materialmente seguían integrando la lógica imperial europea. Precisamente allí comenzó una de las grandes especialidades estratégicas británicas: transformar el vocabulario sin alterar completamente las relaciones de poder. La Declaración Balfour de 1926 expresó claramente esa mutación. Los dominios blancos pasaban a ser “comunidades autónomas dentro del Imperio Británico, iguales en estatus”. Posteriormente, el Estatuto de Westminster de 1931 consolidó jurídicamente esa autonomía y dio nacimiento a la Commonwealth moderna: una estructura diseñada para reorganizar el viejo imperialismo territorial bajo formas más flexibles de hegemonía global.

La Segunda Guerra Mundial aceleró violentamente la crisis imperial europea. Gran Bretaña sobrevivió militarmente gracias al apoyo estadounidense, pero emergió financieramente devastada. Estados Unidos y la Unión Soviética se consolidaron como nuevas superpotencias industriales continentales. El viejo imperio marítimo británico comenzaba a perder capacidad de conducción autónoma dentro del sistema internacional. Churchill comprendía perfectamente el problema. Su célebre frase —“no me convertí en el primer ministro del Rey para presidir la liquidación del Imperio británico”— reflejaba la resistencia británica a aceptar el derrumbe de la estructura imperial clásica (como se cita en Hobsbawm, 1995, p. 214). Sin embargo, la realidad geopolítica avanzaba más rápido que la nostalgia imperial londinense.

En 1945 nació Naciones Unidas y con ella comenzó una nueva etapa del problema colonial. La Carta incorporó referencias al principio de libre determinación y estableció obligaciones respecto de los territorios no autónomos. Aun así, aproximadamente 80 territorios permanecían bajo administración colonial al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La descolonización posterior no respondió exclusivamente a razones morales; estuvo profundamente atravesada por la Guerra Fría. Estados Unidos cuestionaba parcialmente los viejos imperios europeos porque obstaculizaban la expansión económica norteamericana; la Unión Soviética denunciaba el colonialismo occidental mientras consolidaba simultáneamente su propia esfera de influencia continental. Corea, Vietnam, Egipto, Irán, Cuba y Argelia se transformaron rápidamente en escenarios de disputa global entre Washington y Moscú.

La crisis de Suez de 1956 terminó de exhibir el agotamiento británico. Cuando Londres y París intentaron recuperar militarmente el canal nacionalizado por Nasser, Estados Unidos obligó financieramente al Reino Unido a retirarse. El viejo imperio descubría brutalmente que ya no dirigía el orden atlántico: apenas lo integraba subordinadamente. A partir de entonces, Gran Bretaña aceleró una transición estratégica fundamental. El objetivo ya no consistía en preservar intacto el viejo colonialismo clásico, sino en conservar enclaves considerados esenciales para la proyección militar occidental. Gibraltar, Chagos, Ascensión y Malvinas comenzaron a adquirir renovada importancia dentro de la arquitectura atlántica de Guerra Fría. El Imperio formal retrocedía; la lógica estratégica permanecía intacta.

La Resolución 1514 (XV) aprobada por Naciones Unidas en 1960 marcó un punto de inflexión decisivo. La Asamblea General proclamó formalmente la necesidad de poner fin “rápida e incondicionalmente” al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Sin embargo, el texto incorporó simultáneamente un elemento central para la posición argentina: el principio de integridad territorial de los Estados. Precisamente allí residía la singularidad jurídica de Malvinas. La Argentina no reclamaba la independencia de un pueblo colonizado; reclamaba la restitución de un territorio ocupado por una potencia extranjera desde 1833. La diferencia era enorme. Buenos Aires había mantenido protestas diplomáticas ininterrumpidas durante más de un siglo y jamás reconoció soberanía británica sobre el archipiélago.

El alegato de José María Ruda ante el Comité Especial de Descolonización en 1964 constituyó uno de los momentos más brillantes de la diplomacia argentina contemporánea. Ruda explicó que la cuestión Malvinas debía interpretarse simultáneamente dentro del proceso de descolonización y de la integridad territorial argentina. La población isleña no podía transformarse automáticamente en sujeto pleno de autodeterminación porque había sido implantada por la potencia ocupante tras la expulsión de autoridades argentinas. La estrategia argentina resultó altamente exitosa. En 1965, la Resolución 2065 (XX) reconoció formalmente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambas partes a negociar. Más importante todavía: Naciones Unidas habló deliberadamente de los “intereses” de los habitantes de las islas y no de sus “deseos” o “derechos de autodeterminación”. Ese detalle semántico demolía el núcleo de la narrativa británica.

La gran paradoja contemporánea es precisamente esa: el Reino Unido logró transformar gran parte de su viejo Imperio en una sofisticada estructura posimperial articulada alrededor de la Commonwealth, la City y los territorios de ultramar, pero no consiguió extinguir completamente el problema colonial. Actualmente permanecen diecisiete territorios no autónomos bajo supervisión de Naciones Unidas, varios de ellos administrados por Londres. Malvinas integra esa persistencia imperial. Por eso la cuestión excede ampliamente a los isleños o a la Argentina: constituye uno de los últimos grandes litigios derivados del proceso inconcluso de descolonización mundial. El Imperio británico ya no posee la extensión territorial del siglo XIX. Pero todavía conserva algo más importante: la capacidad de transformar enclaves coloniales en supuestas “comunidades autónomas” mientras preserva posiciones estratégicas fundamentales para la arquitectura occidental contemporánea. Malvinas continúa atrapada dentro de ese laberinto. Y quizá allí resida precisamente la prueba más contundente de que el colonialismo británico nunca terminó realmente de irse.