Por Alejandro Maidana
No son pocos los que sostienen que Iván Duque es un político en cuerpo ajeno, ya que el actual presidente de Colombia encarna las políticas más destructivas que supo implementar Álvaro Uribe Vélez. Una gestión que hizo que los habitantes de las grandes ciudades hayan dejado de mirar al campesinado, restado importancia al impacto ambiental y al saqueo de los recursos naturales.
Aquella ilusión que supo despertar Gustavo Petro, el primer candidato de izquierda que pudo llegar “vivo” a una elección presidencial, si bien ha quedado atrás, el creciente descontento social hace que su figura se mantenga vigente pese a un contexto en donde la extrema derecha busca seguir avanzando. Un país con una grieta muchísimo más profunda a la que estamos acostumbrados en Argentina, un terruño en donde la hegemonía oligárquica se sigue imponiendo hace 200 años.
Colombia es un país con un nivel de abstencionismo -a la hora de volcarse a las urnas- asombroso, ya que la desconfianza que se le tiene a la democracia representativa, sumado a las crisis de representatividad política, conforma un combo que colabora de sobremanera para que la taba no pueda darse vuelta. Una lectura política que no puede dejarse de lado.
La necesidad de que Colombia sea un pueblo libre y soberano, con la imperiosa necesidad de que Estados Unidos no se siga entrometiendo, sigue siendo menester de una importante masa de la población. Pero claro, no es azaroso el punto estratégico que ha encontrado el país del norte, donde sus bases militares (serían 8 en el país hermano y 1.000 dispersas en todo el mundo), siguen haciendo gala del control que ostenta el Imperio.
Colombia prácticamente no produce alimentos para su pueblo, por ello es que importa el 40% de lo que consumen sus habitantes. Un modelo extractivista que ha consolidado la destructiva minería a gran escala y el monocultivo, mientras tanto, las migraciones internas y el hambre siguen avanzando en un país donde arrojar solo una semilla en su rica tierra, puede acabar con un problema estructural.
Pero lamentablemente el campesinado y los pueblos indígenas no solo deben cuidarse del desbocado brazo represivo del Estado, también están obligados a confrontar de manera desigual, con el narcotráfico que se ha apoderado de tierras fecundas y productivas. El Acuerdo de Paz solo ha empujado a que los ríos de sangre ganen en caudal, todo líder ambiental, campesino o indígena, es un blanco predilecto no solo para el paramilitarismo, sino para las mismas fuerzas públicas.
Los únicos que pueden gozar de la paz en Colombia, son aquellas familias acomodadas que gracias a su opulenta condición económica, le escapan a la realidad de aquellos que siguen padeciendo y pereciendo en el territorio que los vio nacer, crecer y que debido a las políticas neoliberales, no les ha permitido desarrollarse. Mientras que el Movimiento Social habla de una paz con justicia social y ambiental, mientras que el «uribismo» pretende continuar con el exterminio social y ambiental a como dé lugar.
Desde el Colectivo Colombia Rosario, y en un intenso intercambio con Conclusión, agregaron: “La coyuntura de lo sucedido en Bogotá desde el 9 al 12 de septiembre, fue lo que nos ha movilizado a nosotros y fuertemente a la sociedad colombiana que salió a protestar por el macabro asesinato del abogado Javier Ordoñez. Este ciudadano había sido reducido por la policía por encontrarse en estado de ebriedad, siendo torturado hasta su muerte con pistolas taser. Cabe destacar que el hecho fue filmado provocando una inmediata reacción social repudiando el salvaje asesinato”.
La gente se cansó de los abusos policiales, por ello salió a colmar las calles exhibiendo su rabia, una rabia legítima.
Lejos está de ser considerada una manifestación aislada la que supo colmar las distintas calles colombianas, la misma respondió al hartazgo por distintos atropellos. “La gente se cansó de los abusos policiales, por ello salió a colmar las calles exhibiendo su rabia, una rabia legítima. Por ello es que arremetió contra estos centros de tortura y <microcentros> de tráfico con gran injerencia en los barrios como sucede aquí en Argentina o en Perú, solo para citar algunos ejemplos. Claro está que la policía salió a responder estos ataques que provinieron del hartazgo a sangre y fuego, con armas letales, por ello entre la noche del 9 y 10 de septiembre, fueron asesinados 14 colombianos y colombianas”, indicaron desde el Colectivo.
La violencia en Colombia se ha convertido en algo sistemático, en una verdadera y tangible política de Estado. “La agresión de la policía y el ejército para con la población civil, es sistemática, después de este último suceso, se está avanzando con más vehemencia en una reforma a la estructura policial. Esta fuerza depende del Ministerio de Defensa, lo que permite que el foro que debe controlar las faltas de la policía sea un tribunal militar, lo que deslegitima que sea una policía que sirva a la población civil, y no a cuestiones de fronteras como sí debe hacerlo el ejército”.
Todos los días son asesinados muchísimos jóvenes, grupos paramilitares que sistemáticamente y por espacio de 40 años vienen defendiendo los intereses de los terratenientes, y del mismo narcotráfico que ya se encuentra dentro de los estamentos gubernamentales.
El status quo de la oligarquía colombiana, es defendido a como dé lugar, incluso perpetrando verdaderas masacres que no encuentran eco en los medios hegemónicos de Colombia. “Todos los días son asesinados muchísimos jóvenes, grupos paramilitares que sistemáticamente y por espacio de 40 años vienen defendiendo los intereses de los terratenientes, y del mismo narcotráfico que ya se encuentra dentro de los estamentos gubernamentales. No por desmeritar los hechos, pero es preciso destacar que el horrendo crimen de Javier Ordoñez, tuvo anclaje mediático y social, gracias a que se trató de una persona blanca y de clase media, algo que no sucede cuando los asesinados son líderes y lideresas sociales”, concluyeron.
Colombia, el país que se jactaba de no haber tenido dictaduras militares mientras que la gran mayoría de los países Latinoamericanos había tenido que soportar alguna, hoy debe padecer como la definen muchos habitantes de este bellísimo país, una «narcodictadura» que le dispara a quemarropa al pueblo que sale a expresarse.
Colombia, el país que se enorgullecía de que en esas tierras se podía “votar y elegir”, siempre a las mismas familias claro está, hoy amenaza de muerte a quiénes debaten de política a través de las redes sociales. Se requisa con armas de fuego a tuiteros, líderes de opinión independiente, hasta artistas y cantantes, mientras tanto, Duque se llama a silencio y su patrón Uribe sonríe tras bambalinas.
La profunda preocupación del Colectivo Colombia en Rosario, manifiesta en un comunicado
Al ser migrantes, el dolor por la barbarie en Colombia se siente de una manera extraña y compleja; teñido por la nostalgia propia de estar lejos de nuestra tierra y atravesado por una profunda rabia e indignación, por la preocupación constante por el bienestar nuestras familias y amigos, y muchas veces, por la impotencia de no poder poner el cuerpo en momentos tan críticos de la historia del país.
Hoy nos juntamos varios jóvenes migrantes para poner nuestra voz, para transitar este duelo eterno que es ser colombiano/a, para repudiar los ríos de sangre que corren por todo el país y para denunciar la responsabilidad directa que tiene el Narco Estado colombiano por su accionar totalitario, corrupto y fascista.
1- Repudiamos el asesinato a sangre fría de Javier Ordoñez, a manos de policía de Bogotá. Javier era un padre de familia y estudiante de derecho, quien, en evidente estado de indefensión, fue golpeado y torturado hasta perder la vida a causa de múltiples descargas eléctricas con pistola Táser y de una brutal golpiza, propinada con una sevicia tal, que dejó como resultado su hígado destruido y 9 fracturas craneales. El video que registró dos minutos de la tortura en plena calle, fue viralizado en redes sociales, lo cual convocó la justa rabia de toda la ciudadanía, siendo su caso, la chispa para el estallido social frente al sistemático terrorismo de Estado, agudizado en la administración del actual presidente Iván Duque.
Lamentamos la muerte de 14 personas asesinadas por la policía (en su mayoría jóvenes), en el marco de las protestas de los días 09 y 10 de septiembre 2020. Van más 248 personas heridas y 66 de ellas por armas de fuego. Es gravísimo que agentes de policía escondan los números de identificación de su uniforme, que se nieguen a decir sus nombres y rangos o agredan y repriman a las personas que graban los procedimientos, a personal de prensa y a defensores de derechos humanos claramente identificados. Y aún más grave, que personas de civil, con sus rostros ocultos, tengan armas de dotación de la policía y estén haciendo parte activa de la represión más violenta, esto es claramente una práctica ilegal y paramilitar de la cual la policía tiene total conciencia.
Repudiamos las declaraciones del ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo y del mismo presidente Iván Duque, pues buscan lavar la impresentable masacre, perpetrada por la policía, posicionando una versión, donde según ellos, las protestas fueron “graves expresiones de vandalismo y violencia organizada, planeada y organizada por grupos clandestinos que buscan atentar contra la paz y el buen nombre de la policía”. Es detestable el cinismo de esta táctica para manipular a la opinión pública, la cual es apoyada por los medios masivos de comunicación, cuya narrativa e indignación está centrada en la quema de las estaciones de policía y no en las vidas perdidas.
El pueblo colombiano está despertando de un largo letargo de silencio, ignorancia y miedo frente a la violencia estructural; en especial las generaciones más jóvenes, pues tenemos claro el rol de la policía como una institución corrupta, entrenada para matar y defender los bienes e intereses privados de la oligarquía nacional, pues protegen y perpetúan el orden social, clasista, patriarcal y racista. En este escenario de sangre llamado Colombia se profundizan las desigualdades de un sistema neoliberal voraz y fascista que mancilla sistemáticamente los derechos humanos, con especial saña contra las clases populares, las mujeres, la juventud, las poblaciones campesinas, afro, indígenas y la diversidad sexual.
Somos la juventud de los barrios populares, las generaciones que ya no creemos en las promesas vacías del desarrollo y la seguridad, sabemos que nuestro país es uno de los más desiguales y violentos del mundo. La falta de oportunidades reales para la juventud es algo que vivimos en carne propia la mayoría de las personas migrantes, pues muchos de nosotros llegamos a la Argentina buscando cumplir el sueño de estudiar, porque en Colombia los derechos son sueños.
Los nombres de las víctimas fatales y exigimos investigación y justicia:
Julieth Ramírez 19 años
Christian Hernández 24 años
Jaider Fonseca 17 años,
Germán Smith Puentes 25 años
Andres Rodríguez 23 años
Freddy Mahecha 20 años
Julián González 27 años
Christian Hurtado 27 años
Marcela Zuñiga 36 años
Angie Vaquero 19 años
Javier Ordoñez 45 años
Edier Arias 17 años
David Morales 17 años
María del Carmen Viuvche 40 años
2- Cerca de 200 personas han sido detenidas en el marco de las protestas sociales de estos últimos días, lo cual es por lo menos preocupante, teniendo en cuenta el historial de violencia, abuso sexual y tortura que históricamente ha caracterizado al accionar policial en las mismas estaciones o en los llamados Comandos de Acción Inmediata (CAI). Exigimos el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas, su integridad física y mental, el acceso a un debido proceso y la no criminalización a la protesta social. En este sentido apoyamos las alertas tempranas presentadas por un caso cercano a nosotros, donde un defensor de derechos humanos de la Fundación Bakia, debidamente identificado, fue golpeado y arrestado por la policía del municipio de Madrid, Cundinamarca, junto con otros 7 manifestantes. El día de ayer 11 de septiembre fueron liberados, pero con un proceso penal en su contra. Pedimos las garantías para la seguridad de ellos y de sus familias, que se realicen las investigaciones necesarias para esclarecer las violaciones a sus derechos en el proceso de detención y la no criminalización de la protesta social.
3- La policía nacional colombiana, depende directamente del ministerio de defensa, teniendo así un estatus y fuero penal militar, más no civil. Lo cual tiene graves repercusiones tanto en el proceso de formación y entrenamiento de los agentes, como en el esclarecimiento de delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por los miembros de la policía, pues son juzgados por la justicia penal militar. Sumado a esto, la policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) desde su creación “transitoria” en el año 1999 hasta el año 2019, han sido responsables de cerca de 59 muertes, en el ejercicio de su accionar represivo en medio de protestas ciudadanas. Este accionar sistemático de abuso de autoridad, violencia desmedida y de total impunidad no puede llamarse de otra manera que terrorismo de estado. Aquí recordamos el asesinato de Dilan Cruz con un proyectil disparado por un miembro del ESMAD en el marco de las protestas del mes de noviembre de 2019, en las que se reclamaban mayores garantías para un acceso a la educación. Dilan fue asesinado y su caso aún no tiene justicia. Nos sumamos al clamor nacional por el desmantelamiento del ESMAD, por la revisión de todos los casos en la justicia ordinaria y por una reestructuración de toda la fuerza pública, donde la policía deje que hacer parte del ministerio de defensa.
4- Colombia está en alerta roja. Si bien el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC firmado en el año 2016, logró bajar considerablemente algunas expresiones de violencia del conflicto armado como las estadísticas de homicidios y las masacres, lo cierto es que el conflicto armado nunca terminó y se ha ido complejizando en cada región, pues el motor de la guerra, el narcotráfico, está profundamente relacionado con la clase política nacional. Esto ha decantado en los más de 700 líderes y lideresas asesinados desde la firma del acuerdo, y en los últimos meses, la vuelta a la práctica atroz de más masacres a jóvenes campesinos, empobrecidos o racializados en las zonas rurales del país. Van 55 masacres en el año 2020 con el saldo de 218 personas asesinadas. (Indepaz, 2020)
5- Sin dudarlo, el cuerpo de las mujeres sigue siendo territorio de guerra en nuestro país. Denunciamos y repudiamos el acoso y la violencia sexual por parte de miembros de la policía durante estos días de protesta a mujeres y disidencias. Van 3 denuncias y los casos siguen aumentando. En este contexto para-estatal, la violencia hacia el cuerpo de las mujeres ha dejado de ser una consecuencia secundaria para convertirse en objetivo explícito y estratégico de interés en estos escenarios.
6- América Latina enfrenta hoy la necesidad de construir puentes solidarios, en contra de prácticas policiales arbitrarias y criminales, desplegadas en nuestros cuerpos bajo mecanismos persecutorios, claramente fascistas y dictatoriales. Prácticas que se han ido fortaleciendo y avalando por las políticas estatales de turno. Queremos visibilización y movilización conjunta en contra del “gatillo fácil” en Argentina y su clara relación, con la violencia y el abuso policial en Colombia. Mientras sigamos sumando muertes a manos del aparato estatal, se seguirá sosteniendo y profundizando la impunidad. En Argentina, por ejemplo, ya son más de 92 los casos de fusilamientos de gatillo fácil y muertes en lugares de detención, además de otras modalidades como femicidios de uniforme y desapariciones. (CORREPI, 2020)
7- Por todo lo anterior, hacemos un llamado a organizaciones sociales y colombianos en Rosario para adherirse a nuestro grito de JUSTICIA, porque sabemos que, la solidaridad de los pueblos, que ha sido la herencia de nuestros ancestros, es lo que nos hace resistir ante la profunda violencia propia de gobiernos imperialistas. Juntos nos duele menos. REPUDIAMOS LA REPRESIÓN, LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL, EL GATILLO FÁCIL, LAS TORTURAS Y MUERTES EN LUGARES DE DETENCIÓN. ¡BASTA! ¡NOS ESTÁN MATANDO!
Para adherirse al comunicado del Colectivo Colombia en Rosario: www.facebook.com/ColectivoColombianEnRosario 341-3290909 – 341-3387033
