Por Alejandro Maidana
El primer proyecto recibió el respaldo de 32 legisladores y 12 rechazos de los integrantes de los bloques del Frente de Todos, Kolina y Unidad Ciudadana, sin el voto de Juan Martín, ausente en el recinto, y con Facundo Montecino Odarda en uso de licencia; mientras que las otras iniciativas se definieron 33 a 12.
Los legisladores provinciales se inclinaron por la modificación de la Ley de Tierras con la excusa de que la actual resultaba muy antigua (1961). Esta ley fue pionera en Latinoamérica por su respeto a la actividad campesina, ya que en uno de sus artículos sostiene que “la tierra es para quién la trabaja”. Resulta evidente que su modificación persigue “liberar” las tierras fiscales ocupadas por campesinos, con la única finalidad de entregarla a capitales extranjeros.
Simulando que al mismo tiempo van a proteger el Medio Ambiente, como suele suceder de manera sistemática, dando a la Dirección Provincial de Tierras poder de policía con el fin de poder desalojar compulsivamente a las familias campesinas que habitan esos territorios. Cabe destacar que también se ve modificado el estatus de las Zonas Naturales Protegidas de la Provincia, por ejemplo, el de la Meseta de Somuncura, para habilitarla a la explotación minera.
Cuesta creer que se desconozca el daño que genera la megaminería al ambiente, como si no supieran que, gracias a la Ley Nacional de Minería de Menem y Cavallo, cuyo texto en borrador fue entregado en mano al ex ministro en los Estados Unidos, ninguna provincia del país puede reclamar más del 3% en concepto de regalías. Como si no supieran los desastres ambientales que viene padeciendo nuestro país con las actuales explotaciones megamineras del norte del país acalladas por los medios de comunicación. Como si no supieran que bajo la Meseta de Somuncura existe un inmenso acuífero de agua potable que es codiciado por los poderes transnacionales que manejan el planeta.
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Desde el Congreso Nacional de Agroecología emergió el repudio generalizado ante la modificación de una ley que empuja al desamparo a comunidades originarias y campesinas, al igual que a la soberanía de un país cada vez mas cerca de transformarse en colonia. “Manifestamos nuestro rechazo a la presentación y el tratamiento exprés en la Legislatura de Río Negro de cuatro proyectos de ley que apuntan a transformar la matriz productiva, sociocultural y económica de la provincia, lo que profundizaría los procesos de enajenación de los territorios, la pérdida de bienes comunes y el aumento de la desigualdad social”, sostuvieron.
Estos proyectos son: modificación de la Ley de Tierras Fiscales, del Código de Procedimientos Mineros, de la Normativa de Regalías Mineras y del Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (COPEAM). Fueron presentados por el bloque de Juntos Somos Río Negro el 13/11, aprobados en primera vuelta con el voto de los bloques de Juntos Somos Río Negro, Frente Renovador y Frente Grande en pleno proceso electoral, con la intención de aprobarlos de manera definitiva en los primeros días de diciembre.
El proyecto de Ley de «tierras fiscales» pretende sustituir a la ley vigente Q N° 279, que legisla sobre casi 5 millones de hectáreas, cambiando la función social asignada al uso de la tierra. Actualmente es pastoril, agrario y forestal, habitada por comunidades mapuche y familias campesinas, con producciones orientadas mayormente al mercado interno. La nueva ley de tierras pretende destinarla a la explotación megaminera, petrolera y tecnológica, en gran parte para la exportación, así como a negocios inmobiliarios.
Las leyes mineras propuestas dan vía libre a la megaminería, buscando garantizar su rentabilidad y generando normativas para restringir la participación de las comunidades originarias y de las organizaciones sociales en los organismos de control. “La presentación de este paquete de proyectos se realiza incumpliendo los compromisos internacionales asumidos por Argentina, como los de conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica, los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y lo dispuesto por el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Tampoco se ha tenido en cuenta lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales”, recalcaron desde el Congreso Nacional de Agroecología.
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Es importante también mencionar en este contexto el acuerdo nacional y los convenios de diez provincias argentinas con Mekorot, la empresa estatal israelí de gestión del agua, para la realización de un “Plan Maestro” de manejo del agua. Esta empresa, que fue declarada por la ONU como responsable de apartheid hídrico con el pueblo palestino, ya está trabajando en la provincia de Río Negro en la llamada Línea Sur, que es la región a la que principalmente apuntan los proyectos de ley presentados. “Nos queda claro que estamos frente a un plan global neocolonizador, en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que se propone reforzar las condiciones para la reprimarización de la economía regional. En síntesis, los cuatro proyectos presentados proponen la mercantilización del territorio para destinarlo a actividades extractivistas que despojan a las comunidades, contaminan y deterioran la trama social”, concluyeron.
Daniel Otal reside en el Bolsón, en la provincia de Río Negro, es integrante del GAJAT (Grupo de Apoyo Jurídico para el Acceso a la Tierra), en diálogo con Conclusión brindó su análisis sobre un cuadro de situación alarmante. “Este territorio que hace bastante tiempo está siendo asediado y explotado en sus bienes naturales como el petróleo, la minería, la pesca, en fin. Estas inmensas áreas de territorio están asediadas por los intereses de las empresas multinacionales y nacionales, cuya intención es acercarse en profundidad a la extracción de los bienes naturales. La inmobiliaria, la minería, la forestal, el turismo, la pesca, las áreas naturales protegidas, en fin, una cantidad de formatos del territorio que es codiciado por las empresas de cada uno de esos ramos, se encuentra en un momento crítico”.
No fue casualidad que dos días antes del balotaje presidencial, y mientras la expectativa pública se encontraba en la elección del próximo presidente, el 17 de noviembre el gobernador de Río Negro envió para la aprobación en la legislatura provincial, la modificación de la ley de tierras fiscales que abarca algo así como el 20% de las tierras de la provincia, entre 4 y 5 millones de hectáreas que están sujetas al dominio del estado rionegrino. “Por supuesto que no se trata de tierras que estén deshabitadas, ahí viven en particular y mayoritariamente las comunidades mapuche-tehuelche que fueron desalojadas, descendientes de aquellas que enfrentaron la conquista del desierto, y que en territorios que no eran deseados entonces, hoy pasaron a ser codiciados por la industria extractivista que tiene a nuestro país como una de sus estrellas australes. Esta modificación coloca en estado de expulsión a muchísima población campesina indígena del Río Negro”, expresó Otal.
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Dicho esto, la minería se encuentra agazapada esperando la aprobación de este traslado patrimonial para poder asediar los territorios junto a la industria inmobiliaria, en particular en la zona de Cordillera. “Cabe destacar que las inmobiliarias eran entidades que no podían acceder a tierra fiscal, ahora sí podrán hacerlo, y esto pone en riesgo gran parte del territorio de las tierras más caras de la provincia que son las que están en zona de Cordillera, ya que quedarían ligadas al negocio inmobiliario en esta región turística donde el mercado de la tierra y el mercado del turismo es particularmente oneroso. Insistimos que esta ley fundamentalmente vulnera los derechos de las comunidades indígenas favoreciendo a empresas mineras, petroleras e inmobiliarias. Legitima la apropiación de tierras acumuladas por especuladores e inmobiliarias, blanqueando inversiones de grandes capitales nacionales y extranjeros sin investigar despojos, desplazamientos forzosos, logrado con engaño o violencia directamente. Hechos en los que participaron para favorecer a éstos, funcionarios de distintas áreas de gobiernos que alternaron la administración provincial”.
Desde el Consejo Asesor Indígena Curru Leufu (Rio Negro), expresaron su preocupación ante una modificación que posibilitará que los atropellos a derechos internacionales estén a la orden del día. “Esta omisión del Estado es otra de las razones por la cual el CAI (Consejo Asesor Indígena) hace una demanda al Estado Rionegrino. Como lo hemos manifestado reiteradamente, la conquista no terminó, no reconocen el genocidio y lejos están de reparar la historia, por el contrario, este gobierno provincial impulsa esta ley que nos discrimina, vulnera nuestros derechos y da respuesta a la presión de los grandes inversores y empresas mineras. Alberto Weretilneck no es el primero que intenta dar este paso, ya lo intentaron otros gobernadores con distintos argumentos como el del “Desarrollo Sustentable “, “Progreso “o lo que le dé la inventiva, pero la realidad es que responden además de los beneficiarios mencionados, a exigencia de financieras internacionales como son el BID, Banco Mundial, FMI y otras con las que endeudaron al país y en este caso a la provincia con créditos que se hicieron humo».
Uno de los puntos de la exigencia del Consejo Asesor Indígena, es la investigación como lo establece la ley provincial Integral del Indígena 2287. Esta reforma diferencia antiguos ocupantes de comunidades indígenas, ya que a los primeros les crea seguridad jurídica, mientras que a las comunidades originarias las encasilla en una normativa que no cumplen. “Es una ley hecha a la medida de los intereses del poder económico, tienen las condiciones políticas para dar un paso más en el intento de completar el genocidio de nuestro Pueblo. Nosotros tenemos la historia y el ejemplo de nuestros ancestros. Continuamos reclamando por el cumplimiento de las leyes vigentes, tanto nacionales como internacionales como lo es el Convenio 169 de la OIT que, entre otras cosas establece la obligación del Estado a consultar cada vez que se tomen medidas legislativas o administrativas que nos afecten. Exigimos la consulta libre, previa e informada al pueblo mapuche y la participación de Organizaciones socio ambientales y de Derechos Humanos”, concluyeron.
Los diversos impactos negativos del extractivismo han alcanzado umbrales críticos, tanto por ser económicamente costosos, socialmente graves, y generar una insidiosa conflictividad política. Por lo tanto, deben ser detenidos y revertidos. Seguir el mismo camino justificando la necesidad de explotaciones extractivistas clásicas para hacer crecer las exportaciones, o invocando una y otra vez el combate a la pobreza, resultan ser argumentos poco serios. En Argentina la pobreza abraza a 19 millones de argentinos, una clara evidencia que la médula productiva de este país solo puede garantizar hambre y concentración de riquezas en muy pocas manos. La realidad se pasea desnuda, más allá que pretendan edulcorarla y disfrazarla.
