Un 22 de abril de 1985, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal inició el histórico juicio a los jefes de la última dictadura militar, acusados de perpetrar violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El extenso juicio terminó en diciembre de ese mismo año con la condena del genocida Jorge Rafael Videla y otros cuatro excomandantes.

«Se cumplen 38 años del inicio del juicio a las Juntas Militares. El 22 de abril de 1985 comenzaron las audiencias del juicio oral y público a los miembros de las Fuerzas Armadas, que durante siete años aplicaron el terrorismo de Estado en el país», recordó hoy la Secretaría de Derechos Humanos en sus redes sociales.

Rememoró asimismo que «a lo largo de casi 8 meses de audiencias, los testimonios de familiares de víctimas y sobrevivientes de la dictadura fueron clave para condenar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante ese periodo y comprobar la existencia de un plan sistemático de exterminio de personas».

El juicio a las Juntas constituyó un hecho de trascendencia para la Argentina y para el mundo entero. “Por primera vez, los jerarcas de un régimen militar eran condenados en un juicio público por los crímenes del terrorismo de Estado”, concluye la publicación del organismo que conduce Horacio Pietragalla.

El juicio se instruyó sobre los datos relevados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por el entonces presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir, y cuyo informe bajo fue entregado el 20 de septiembre del año siguiente.

La investigación de la Conadep constató en 1984-85 la desaparición de «cerca de nueve mil» personas, precisó entonces su presidente, Ernesto Sábato, en el prólogo del libro que divulgó el informe final bajo el título de «Nunca Más».

Además de recibir e investigar las denuncias de secuestros y otros crímenes de la dictadura, la Conadep aportó un modo de ordenar la acusación y las responsabilidades de la represión terrorista de Estado por centro clandestino de detención.

Este criterio de agrupamiento fue asumido por la Cámara Federal que juzgó a las Juntas y también por la Fiscalía, integrada por Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, que concluyó su alegato final con la exhortación al «Nunca más».

Integraban la Cámara Federal los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D`Alessio.