El juicio al ex jefe del Ejército César Milani se reanudó este viernes ante el Tribunal Oral Federal de La Rioja con el alegato de la querella de la familia de Pedro y Ramón Olivera, secuestrados y torturados en marzo de 1977.

En este contexto, la querella reclamó 20 años de prisión para Milani y otros dos acusados.

«Queda acreditado que Milani formó parte del grupo de inteligencia que se movía con autonomía, no sujeto a los controles de rutina, que participaba en allanamientos, detenciones, torturas y detención de personas», sostuvo la abogada Adriana Mercado Luna, de la querella por los familiares en el alegato iniciado esta mañana en La Rioja.

La querella de la familia Olivera remarcó que se trata de «delitos de lesa humanidad, imprescriptibles» al tiempo que negó «intencionalidad política» en la denuncia iniciada mucho antes de «saber» que Milani sería nombrado jefe del Ejército.

«Milani en su carácter de funcionario público irrumpió violentamente en el domicilio de la víctima, en el barrio Ferroviario, donde vivía el señor Pedro Olivera y su familia. Milani era un cuadro militar superior en el Batallón de Ingenieros», remarcó la abogada.

El día del operativo en ese domicilio «él estaba como oficial de servicio».

La víctima «era un perseguido político, un blanco», agregó.

«El plan sistemático de exterminio estuvo signado por la impunidad de los ejecutores y Milani estuvo presente en numerosos operativos», se remarcó.

El ex jefe del Ejército debe responder «por privación ilegítima de la libertad agravada y partícipe necesario del delito de tormentos y miembro de asociación ilícita», enumeró la querella.

Milani comenzó a ser juzgado el pasado 3 de mayo en los tribunales federales riojanos, acusado de participar en los secuestros y torturas sufridas por Pedro Olivera (fallecido en 1999) y su hijo Ramón durante el año 1977, cuando era un subteniente y prestaba servicios en el Batallón 141.

El ex jefe del Ejército está imputado junto al ex militar, Alfredo Santacrocce, y al ex juez, Roberto Catalán, por privación ilegítima de la libertad agravada, allanamiento ilegal, imposición de tormentos agravados y asociación ilícita.