La ciudad de Rosario tiene cerca de mil personas que viven de la recolección de residuos, según datos brindados por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). Además se estima que el número sigue en aumento por el arribo de trabajadores desplazados de la economía formal.
Todos los cartoneros de nuestra ciudad, juntan aproximadamente unas 300 toneladas diarias de cartón, las cuales son vendidas entre $0.90 a $1.20 el kilogramo. Es decir que si en una hora logran juntar 400 cajas de zapatos ganarían alrededor de $30 a $50.
“Lo que tiene el carro es que vos salís y nunca te va a faltar el pan para tus hijos, porque si ves que no hay mucho cartón para juntar, haces alguna changuita y algo te dan”, comentó Osvaldo que recorre diariamente el centro rosarino.
También, Osvaldo indicó que suele llevarse sólo $300 por día ya que tarda mayor tiempo en recorrer los container pues tiene que hacerlo a pie ya que la policía le saco su caballo. Él mismo, indignado explicó que jamás maltrató al animal ni le hizo faltar el alimento.
“Los carreros no somos tontos. Sabemos que si el animal no come, no sirve para trabajar y nosotros lo cuidamos como fuente de nuestro laburo. Los proteccionistas no entienden nada, porque exigen que nos saquen los caballos a nosotros pero no a la gente del hipódromo”, enfatizó.
Vale recordar que en el año 2010 se aprobó en el Concejo Municipal de Rosario la ordenanza N° 8726, la cual prohíbe la tracción a sangre en equinos. Sin embargo, esta ley comenzó a implementarse el año pasado por cuestiones de adaptación de los artículos.
Por otro lado, se encuentran los verduleros urbanos que suelen trabajar en los barrios donde a través de un megáfono van ofreciendo su mercadería. El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) brindó datos que señalan que cerca de 500 familias dependen de este tipo de labor callejero.
“Estoy operado del corazón y muevo unos 300 kilos de verdura todos los días. No me queda otra, estoy jubilado y no me alcanza. Cada tanto, se me traba el carro. Entonces, los vecinos me ayudan a empujarlo y después sigo sólo”, declaró Natalio (Chiche) Panto, verdulero de barrio La Cerámica.
Además, explicó que le sacaron el caballo de muy mala manera, a tal punto que estuvo demorado 48 horas en la comisaria. Conjuntamente, aclaró que jamás le dieron un vehículo para que pudiera seguir trabajando.
“Hay una moto con carro pero vale 60 mil pesos. Yo no tengo esa plata, por eso tengo que seguir a pie. No me queda otra”, lamentó.
No obstante, la ley 8726 describe en el artículo 1 que se deberá reemplazar los caballos para continuar con la actividad. De todos modos desde la Municipalidad optaron por la alternativa de impulsar el Programa Andando, el cual tendría como finalidad capacitar en nuevos oficios a los carreros.
En esta sintonía la representante de FACCyR, Mónica Crespo declaró en un medio popular sobre las estrategias del gobierno municipal indicando que con ordenanzas que suponen el cuidado de un animal buscan limitar la presencia de recicladores urbanos en las calles céntricas y turísticas de la ciudad.
“A esta estrategia se le suman los sectores de la ciudadanía que parecen exclamar por los derechos humanos, pero para los animales”, exclamó.
Así se refirió a las organizaciones proteccionistas de los animales que encabezaron una férrea defensa de la normativa. Ellos hicieron hincapié en presuntos hechos de maltrato animal como golpes, traslado de peso excesivos, mala alimentación y pésimas condiciones sanitarias.
Asimismo, Crespo hizo un breve análisis sobre una sociedad engañada y explicó: “Nosotros hemos presentado planes de trabajo, y mientras tanto los compañeros tienen que seguir trabajando con sus caballos, sin ser perseguidos como asesinos, que es lo que nos está haciendo la policía de Rosario”.
“Lo adecuado sería que el gobierno municipal brindara una solución que equiparara la sustracción del animal pero aparentemente quieren llevarnos a ser más pobres”, sintetizó la referente de FACCyR.
Indudablemente, los carreros frente la erradicación de los caballos terminaron optando por utilizar sus propios cuerpos como remolque de carga alternativo. En este caso, poniendo en riesgo su propia salud, mientras se visibiliza la ausencia de derechos.
